Incertidumbre para un proyecto que busca la reinserción de detenidos

Los educadores y profesionales que lo desarrollan hace seis meses que no cobran

Un proyecto educativo que busca la reinserción social de los detenidos no recibe los fondos prometidos para su continuidad. La iniciativa, se conoce como “Volver a empezar”, comenzó a trabajar en noviembre del año pasado con los internos de la comisaría 12ª de barrio Ludueña. Según relatan lo responsables de esta propuesta, las excusas administrativas se suceden desde Promoción Comunitaria, pero no logran explicar por qué desde hace seis meses no reciben los fondos que sustentan el trabajo.

Más de un informe concluye que la educación es clave para cualquier plan que tenga como meta real recuperar a quienes trasgredieron la ley, a la vida social. En esta tarea, y con una visión pastoral, se pusieron a trabajar un grupo de especialistas de Rosario. Son la directora de la Escuela Nº 1.027 Ana María Cazzoli, Mónica Nardone (maestra alfabetizadora), Adriana Fuster (pedagoga social), Mariana Tozzo (psicóloga), Esteban Aguirre (maestro de oficios) y René Alcaraz o Renis como todos conocen al ex sacerdote.

La meta desde el inicio fue clara: pensar otro provenir para quienes son víctimas de la discriminación y la falta de respuesta de un Estado que penaliza a la pobreza. Para eso diseñaron un plan que contempla clases de lectura y matemáticas, talleres de oficios y espacios para la reflexión y el reencuentro. La propuesta de rehabilitación destinada a los internos de la comisaría 12ª (Pedro Lino Funes al 1200) es inédita en el país por sus características.

Ana María Cazzoli es pedagoga social y una de las referentes de este proyecto. Repasa que el equipo interdisciplinario para la resocialización de detenidos comenzó a trabajar en abril del año pasado y que recibió el apoyo inmediato del ex secretario de Seguridad Comunitaria de la provincia, Fernando Rosúa, quien debió renunciar en el 2006.

El proyecto está financiado por la ONG “El señor de los milagros”, alcanza para pagar los honorarios de los profesionales que lo encaran, y es renovable cada tres meses. Pero, el dinero que debía proveer el programa de Fortalecimiento Comunitario (depende de Promoción Comunitaria de la provincia), nunca llegó.

Por eso es que durante seis meses los profesionales trabajaron sin cobrar ni ver un peso, invirtiendo día a día desde su bolsillo para el transporte, teléfonos y los insumos propios de las tareas en el penal.

Tal como indica Ana María Cazzoli, las vueltas con que pasean una respuesta seria a esta demanda y la demora no hacen más que confirmar “que la burocracia cristalizada puede más que las buenas intenciones de un proyecto”.



Una muestra

Pero hay más, la situación es una muestra más con el perfil con que se mira los internos y las posibilidades que se imaginan para un liberado.

A la falta de respuesta de la provincia a estos profesionales, se suma la fuga de cuatro detenidos en el penal de la comisaría 12ª, en momentos en que la maestra alfabetizadora dictaba clases. El hecho ocurrió hace casi un mes, y desde entonces, los profesionales no pueden ingresar al penal.

“Hemos sido penalizados nosotros”, dice Cazzoli, acompañada por dos especialistas que trabajan en el proyecto. Junto a ellas está Félix, uno de los liberados hace poco tiempo Quiere dar su testimonio sobre el valor del proyecto. “Cada día que llegaban nos sentíamos libres en esa hora de trabajo”, dice quien ahora intenta reafirmarse interiormente.

Félix no tiene más que palabras de agradecimiento para estos profesionales que lo ayudaron y ayudan —siguen en contacto— a recuperar su familia, su barrio y reconstruir una nueva historia. “Sentimos el apoyo del ser humano”, elige para sintetizar sus ideas.

De los seis meses del proyecto “Volver a empezar” en la Comisaría 12º, los integrantes del mismo rescatan la convicción “de que más allá de las graves problemáticas, los encarcelados tenían la posibilidad de cambiar”.

Entre las mayores dificultades que encontraron, los integrantes enumeran “la dinámica de un sistema que aísla y cosifica, la incomodidad de un ámbito con espacio para no más de 10 personas en el que debieron convivir progresivamente hasta 30 detenidos, un solo baño con instalaciones rotas”, entre otros males.

Los obstáculos están en la falta de respuesta oficial al proyecto. También en “la indiferencia e irresponsabilidad ante la existencia de penales deshumanizantes y la falta de iniciativa en la creación de espacios terapéuticos de rehabilitación”. Pero Ana María Cazzoli quiere rescatar lo que desde el equipo analizaron como logros: “Los encuentros con los familiares que ayudaron a generar líneas de trabajo para la contención de los detenidos y del liberado”.

Según los profesionales, la fuga de cuatro internos fue desestabilizante. “Provocó una ruptura importante de la confianza por parte del personal de la comisaría, además de la angustia e incertidumbre que el hecho produjo en el equipo”. De todas maneras, analizan que los fugados podrían haber sido muchos más. “Luego de lo ocurrido, algunos nos expresaron que no lo hicieron para no perjudicar la continuidad del proyecto y porque ya no quieren transgredir”.

El proyecto pastoral se llama "Volver a empezar" y se desarrolla en la comisaría 12ª.