Desplazaron a los policías de la ex Drogas Peligrosas

Son 35 policías, con excepciones, que serán reemplazados por personal "nuevo y capacitado"

Hernán Lascano / La Capital

El gobierno provincial desplazó ayer a la totalidad de la dotación de Rosario de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones. La medida supone que los 35 efectivos serán transferidos a otros destinos en la policía de la provincia, con excepción de aquellos que estén a cargo de investigaciones avanzadas y cuya interrupción se considere inconveniente.

La resolución, impactante e inédita, fue anunciada ayer por el gobernador Jorge Obeid, quien estuvo flanqueado por el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, y el subsecretario de Seguridad Pública, Gustavo Peters. Tiene directa relación con las denuncias que la jueza federal Laura Cosidoy hiciera públicamente hace dos semanas, ratificadas judicialmente por ella el martes pasado, referidas a irregularidades en la dependencia.


Mensaje político
Fue incontrastable que el gobernador procuró dar una respuesta política tras acusaciones que enfocaron a su propio elenco Nadie ningún funcionario del rango que fuere tiene inmunidad ni complicidad en cualquier tipo de delito que se cometiere y del cual fuera cómplice La lucha contra el flagelo de la droga no tiene para nosotros límites ni condicionamiento alguno sostuvo

El gobernador dijo tener certeza de que no había en el nivel político ninguna tolerancia hacia el tema. "Si nos enteramos de cualquier tipo de cajas dentro de la policía inmediatamente haríamos la denuncia a la Justicia y además eliminaríamos a ese personal. Ni qué decir si hubiera un funcionario del grado del poder político", subrayó.

La decisión se produjo sin que existan sobre los efectivos desplazados acusaciones ni sospechas de conductas ilícitas. El propio Obeid dejó en claro tal cuestión. El próximo jefe de la repartición será el comisario Gustavo Spolletti, que hasta ayer se desempeñó como jefe de una brigada de la ex Drogas Peligrosas en Santa Fe.

El gobernador destacó que la idea de lo dispuesto, cuya responsabilidad asumió, pasaba por reemplazar la totalidad del plantel de la dependencia en Rosario "por personal lo más nuevo posible, joven, capacitado y no contaminado".

En toda la esfera de la ex Drogas Peligrosas la novedad se recibió como un cachetazo. Varios de sus representantes, que pidieron reserva de identidad, la calificaron como arbitraria e injusta. Subrayaban que colocaba a todos en situación de sospecha por acusaciones genéricas sin haber ningún policía implicado en irregularidades con imputaciones explícitas.


Un acuerdo
En diez días se pondrá en funcionamiento un organismo donde se coordinarán acciones entre la Justicia federal el Ministerio de Gobierno y la policía provincial para optimizar la represión al tráfico de drogas. Tal decisión se acordó entre el fiscal general de la Cámara Federal de Rosario, Claudio Palacín, y el ministro Rosúa. Implicará que todos los fiscales federales coordinen actividades y definan las prioridades investigativas con la provincia en una reunión que se hará el 9 de mayo (ver "Para correr...").

¿Alcanza cambiar nombres, así sean todos los de una dotación, para impedir que se regeneren las prácticas que, según se denuncia, son institucionales y arraigadas? "Será un proceso dinámico de adiestramiento, enseñanza y moralización", respondió Rosúa. "En esos aspectos unos andarán bien y otros no. Lo importante es que busquemos gente lo más formada profesionalmente. Que no tengan manchas en sus prontuarios. Y a partir de ahí organismos que den directivas y que controlen".
Los que vienen
El gobierno dijo que los reemplazantes provienen de Rosario Santa Fe y departamentales donde demostraron trabajar de modo correcto Rosúa justificó las excepciones que se realizarán según el consejo de los fiscales federales para que se terminen las causas avanzadas Si sacamos a alguien que está investigando dirán que lo hacemos para que no descubran nada Se les pedirá a los fiscales que se aceleren las pesquisas en marcha dijo

La decisión de los relevos -que aunque no concitan unanimidad en el gobierno no se discutieron- es para Rosúa "un punto de inflexión en Rosario, que ha sido el lugar más cuestionado públicamente. No tenemos ninguna denuncia concreta pero sí la sensación de que esto puede mejorar sobre la base de personal no vinculado a esta tarea y preparado a través de adiestramiento especial para esta función".

Rosúa dijo que están concluidas todas las investigaciones bajo su órbita sobre policías provinciales sospechados por la Justicia federal por irregularidades en operativos antidrogas. Y adujo que no puede avanzar sobre los casos de esos 18 o 19 efectivos porque la Justicia federal, que también debe investigarlos, no cerró sus actuaciones. Algo que, afirmó, le parece inconcebible.

Obeid, entre Peters y Rosúa, hizo ayer el anuncio.