El barrio es censado y se monitorea la salud

Mientras La Capital recorría las calles que se inundaron con las intensas lluvias de marzo en Nuevo Alberdi, la pregunta no dejaba de sonar: "¿Usted es la que censa?". El misterio de tanta ansiedad se develó después en el Centro Crecer del barrio, donde trabajadoras sociales del Programa de Asistencia e Intervención Directa (Paid) de la Secretaría de Promoción Social municipal volcaban información en planillas cuidadosamente preparadas. En esos papeles figuraban datos relevados "casa por casa": quiénes integran cada hogar, qué cosas se perdieron por el agua y cómo quedaron las viviendas. "Se trata de una evaluación perentoria, porque esto no puede esperar", afirmó la coordinadora del Paid, Susana Bonavía, rodeada de planos de Nuevo Alberdi Oeste, urbano y rural.

La funcionaria se encargó de aclarar que el relevamiento supuso un "trabajo de hormiga en un terreno muy extenso" que abarcó dos grandes zonas: una comprendida entre Grandoli, canal Ibarlucea y el Bosque de los Constituyentes, y otra, rural, con largas distancias entre casa y casa, hacia el oeste del canal.

Las trabajadoras sociales del Paid -a quienes se sumaron colegas de otras áreas de Promoción hasta superar las 40- recorrieron los hogares y en cada uno de esos sitios relevaron las pérdidas personales y de infraestructura.


Evaluación
La idea es evaluar con más precisión la situación social de cada familia detalló el titular de Promoción Social Pedro Pavicich con miras a una posterior contribución con las situaciones más críticas Sin embargo el funcionario fue muy cauto y evitó dar precisiones acerca de en qué podría consistir esa ayuda puntual

Su reticencia para explayarse se condijo con algunas observaciones que hizo Bonavía. "Queremos despejar en lo posible lo que pueda ser especulativo, evitar eso de que «a mí me dieron, a mí no me dieron», pero es cierto que hay una gran precariedad, gente muy vulnerable, y muchos que se fueron a casas de parientes o amigos y no recibieron ni un colchón", graficó.

En paralelo a ese trabajo, que concluyó esta semana, organizaciones sociales del barrio, como Giros, junto al padre de la parroquia San Joaquín y Santa Ana, Daniel Siñerys, hicieron su propio relevamiento. Confeccionaron 900 planillas donde se detallan los daños sufridos por cada familia damnificada, que reclaman resarcimiento al Estado.

El argumento es que las obras anunciadas por el gobierno provincial sobre el canal Ibarlucea, de haberse concretado, habrían impedido la llegada del agua. Y las responsabilidades por la tardanza de los trabajos, aclaró el sacerdote, recaen sobre todos los niveles de gobierno.