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sábado,
10 de
febrero de
2007 |
España solicitó la extradición de 40
represores de la última dictadura
Madrid aprobó el pedido de la Justicia, en el marco de la causa que investiga el juez Baltasar Garzón. La medida alcanza a jerarcas del Proceso, acusados de violaciones a los derechos humanos
El gobierno español aprobó ayer solicitar a la Argentina la extradición de 40 represores procesados en España por delitos de genocidio, terrorismo y torturas, en la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón investiga crímenes de la última dictadura militar.
El consejo de ministros español, en cumplimiento de la sentencia del 31 de mayo de 2005 dictada por el Tribunal Supremo, acordó ayer dar curso a esta solicitud, que había sido frenada en agosto de 2003, tras la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final.
El gobierno ibérico acordó pedir a Argentina la extradición de Emilio Massera, Jorge Videla, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, José Isaac Anaya, Basilio Lami Dozo, Jorge Olivera Rovere, Antonio Bussi, Ramón Díaz Bessone, Luciano Benjamín Menéndez, Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Héctor Febres y Carlos Guillermo Suárez Mason (ya fallecido), entre otros.
Incluso varios de los acusados, entre las que se encuentra Graffigna, fueron detenidos en Argentina el 26 de julio de 2003, en cumplimiento de una orden internacional cursada por Garzón.
Idas y venidas
Tras los arrestos llevados a cabo en Argentina en España la Justicia envió al Ministerio de Justicia la propuesta de extradición Sin embargo el 29 de agosto de 2003 el consejo de ministros del entonces presidente José María Aznar acordó no continuar con el procedimiento de extradición activa
Las acusaciones populares y particulares, entre ellas las de Graciela Palacio de Lois, viuda de uno de los desaparecidos durante la dictadura militar, e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (IU-ICV), interpusieron oportunamente un recurso contencioso administrativo contra esa decisión del gobierno.
Finalmente, el Tribunal Supremo español resolvió en mayo de 2005 ese planteo y en su sentencia declaró que el consejo de ministros debe dar curso a la solicitud de extradición ante el gobierno de Argentina para su tramitación.
Más de un año y medio después, el gobierno español explica en el documento aprobado ayer que "está obligado a cursar la petición de extradición".
El documento del consejo de ministros español también acordó el pedido de extradición de Luis María Mendía, Jorge Perren Fernández, Juan Carlos Trimarco, Pablo García Velazco, Adolfo Donda Tigel, Carlos Capdevilla, Julio César Coronel, Ernesto Firmon Weber, Juan Antonio Azic, Albino Zimmeman, Roberto Albornoz, Augusto Neme y Héctor Schwab.
Además, están solicitadas las extradiciones de Carlos Daviou, Carlos Pazo, Gonzalo Dalma Torres de Tolosa, Luis Rizo Avellaneda, Alberto Cattaneo, Fernando Santiago, Luis Martella, Juan Orlando Rolón, Juan Carlos Rolón Tassier, Rubén Franco, José Acosta Aubone, José Vaquero y Luciano Jáuregui.
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El juez Garzón había requerido el arresto y la extradición de los represores ya en 2003.
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