Argentina fundamenta su reclamo en La Haya

Se trata del fondo de la cuestión por las papeleras: la violación al Estatuto del Río Uruguay. El informe suma 3.000 páginas. El tribunal puede tardar entre 3 y 4 años en expedirse.

El gobierno argentino presenta hoy ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una detallada fundamentación de la demanda presentada por la violación del Estatuto Bilateral sobre el Río Uruguay como consecuencia de la autorización del gobierno uruguayo para que se instalen dos pasteras sobre la ribera oriental del curso de agua que sirve de límite a ambas naciones.

  La representante legal de la Cancillería, la embajadora Susana Ruiz Cerruti, entregará el informe de ocho volúmenes y cerca de tres mil páginas, que contiene la “memoria” de la demanda contra Uruguay en el marco del conflicto por la autorización unilateral para instalar las plantas procesadoras de pasta de celulosa proyectadas por Ence y Botnia en la ciudad de Fray Bentos (ante los reclamos de los ciudadanos de Gualeguaychú, la española Ence decidió mudarse más al sur, cerca de Colonia).



Formal y burocrático. El trámite será puramente formal y burocrático y se realizará por la mañana, en el Palacio de Paz, sede de la Corte Internacional, integrada por 15 magistrados.

  Argentina sostiene que el Estatuto del Río Uruguay fue violado en cinco oportunidades por Montevideo, en lo que constituye “el núcleo de la controversia que planteó Argentina en defensa de sus derechos vulnerados”, según indicaron voceros diplomáticos.



Pecados orientales. Esas violaciones marcadas por Argentina son las dos autorizaciones de Uruguay para iniciar los proyectos de instalación de las plantas procesadoras de celulosa de la finlandesa Botnia y la española Ence; la concreción de un puerto primero y las instalaciones conexas luego en Fray Bentos y, por último, el permiso para la extracción de importantes volúmenes de agua del río para la producción.

  “En todos estos casos, Uruguay incumplió normas de procedimiento previstas en el estatuto en cuestión, como los mecanismos de información y consultas previas cuando una obra pueda afectar la navegación, la calidad de las aguas o el régimen del río como recurso compartido”, indicaron fuentes de la Cancillería.

  El gobierno argentino sostiene además que Uruguay no cumplió con la protección del curso de agua frente a un proyecto industrial que “por su magnitud y localización son pasibles de perjudicar sensiblemente el ecosistema”, en alusión a la planta de Botnia.



Tiempo en contra. Una vez entregado el material, Uruguay tiene seis meses para presentar su “contramemoria”, y la Corte podrá volver a llamar a audiencias a las partes si lo considera necesario. La etapa que le sigue a la de “memoria” y “contramemoria” es la de “réplica” y “dúplica”, lo que precederá a la etapa final: la decisión de la Corte respecto a si hubo o no violación del Estatuto del Río Uruguay, proceso que podría tomar entre cuatro y cinco años.

  En cuanto al contenido de la memoria, la documentación incluye correspondencia diplomática, actas, informes científicos y técnicos, comunicados, croquis, mapas, fotografías e informes científicos preparados por expertos independientes.

  Argentina presentó formalmente la demanda contra Uruguay ante La Haya el 4 de mayo pasado, y el primer paso del proceso se puso en marcha en julio, con las primeras audiencias con los representantes de ambos gobiernos.

  Argentina fundamenta su posición en la violación reiterada de la letra del Estatuto del Río Uruguay que establece consultas entre los dos países sobre temas que involucren al curso de agua compartido, como es el caso de las papeleras.