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lunes,
15 de
enero de
2007 |
"La salud de Isabel no tiene que influir en la extradición"
Lo dijo Carlos Slepoy, abogado que se ocupa en España de causas por delitos de lesa humanidad
El abogado Carlos Slepoy afirmó ayer que el estado de salud de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón no debe influir en la decisión de su extradición a la Argentina ya que la Justicia argentina es la que debe "valorar las circunstancias personales" de la acusada.
Slepoy señaló que Isabel Perón "comprende perfectamente" las acusaciones que se realizan en su contra y enfatizó que en caso de que se alegara "un problema psiquiátrico, debe ser remitida a la Argentina para que se valore" si es obstáculo para el proceso.
"La Justicia española no analiza el fondo de los hechos sino los requisitos procesales para la extradición", puntualizó.
"Si se verifica que está acusada de delitos extraditables y se cumplen los requisitos, lo lógico es que la otorguen", sostuvo el abogado argentino, que se ocupa en España de causas por delitos de lesa humanidad.
Las declaraciones de Slepoy se producen cuando la Justicia federal de Mendoza está avanzando en la preparación de los fundamentos para remitir a la Audiencia Nacional española, en los que sustentará el pedido de extradición de la ex presidenta, residente en la península ibérica.
El juez federal mendocino Héctor Acosta pidió a España la extradición de Martínez de Perón por la desaparición, bajo su presidencia, de Héctor Fagetti y el secuestro de Jorge Verón, en los días previos al golpe de Estado de 1976.
La ex presidenta fue detenida el viernes pasado para comparecer ante el juez español de guardia en la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, que le notificó los motivos del pedido de extradición a la Argentina, y quedó en libertad aunque con obligación de presentarse cada dos semanas ante la Justicia.
Trámite por Cancillería
Como Martínez de Perón se negó a ser extraditada a la Argentina debe comenzar ahora el proceso judicial que se tramitará a través de la Cancillería
El magistrado mendocino tiene ahora un plazo de cuarenta días para remitir -vía Cancillería argentina- la documentación que fundamenta el pedido de extradición de la ex mandataria.
El magistrado quiere interrogar a la ex presidenta, que firmó tres decretos en el año 1975 en los que se instruía sobre las acciones en una Argentina convulsionada.
Uno de esos decretos -el 2772- establecía la ejecución de "operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el país".
Causa Triple A
En tanto el juez federal porteño Norberto Oyarbide investiga los casos de delitos de lesa humanidad cometidos por la Triple A dirigida por el ex ministro de Bienestar Social de Juan Perón y de María Estela Martínez José López Rega causa en la cual también podría ser requerida la ex presidenta
El abogado de Isabel Perón, Atilio Neira, señaló ayer que su defendida "desconocía absolutamente" la relación de su gobierno con la organización Triple A (ver aparte).
La posibilidad de que se alegue un estado de salud física o mental frágil para evitar la extradición a la Argentina fue minimizada por Carlos Slepoy, abogado defensor de víctimas de la represión.
"La Justicia argentina es la que debe considerar las circunstancias personales y de salud. Tenemos un antecedente nefasto en el caso de (el fallecido ex dictador chileno) Augusto Pinochet cuando se negó la extradición (por demencia senil), pero no creo que se vuelva a repetir", dijo Slepoy.
Agregó que "lo lógico es que, en el supuesto de que hubiera un problema psiquiátrico", Martínez de Perón "sea remitida a la Argentina y ahí se determine" si puede ser imputada.
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El abogado dijo que la Justicia española no analiza el fondo de los hechos.
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