Editorial

El riesgo de la justicia por mano propia

La batahola entre policías y vecinos que procuraban linchar a un presunto abusador sexual, acontecida el pasado miércoles en Rosario, es una nueva demostración de la mezcla de indignación e impotencia que siente la gente ante el auge del delito. Pero las actitudes violentas de carácter individual no sólo no resuelven el problema, sino que lo agudizan.

Los graves hechos ocurridos durante la jornada del pasado miércoles en el barrio rosarino de Villa Nueva, donde un presunto abuso sexual contra una nena de once años fue seguido de una rebelión vecinal contra la policía en el intento de linchar al supuesto agresor, se erigen como una nueva señal de alerta ante una realidad cada vez más acuciante, cual es la inseguridad que acosa a los argentinos. Y es que ante la creciente impotencia de la ciudadanía frente al auge del delito son muchos quienes se sienten peligrosamente tentados a practicar justicia por mano propia.

   Se trata, por cierto, de un auténtico drama, engendrado inocultablemente por modelos económicos que sembraron el desempleo y destruyeron las redes de contención social que permitían vivir con dignidad a mucha gente. Lo que pasó en Villa Nueva fue una muestra de las consecuencias de la realidad descripta dentro de los límites de una barriada humilde, donde las huellas del vendaval que azotó por décadas a la Argentina se perciben con nitidez a simple vista, más allá de la reactivación actualmente en curso. Pero la actitud de esos dos centenares de vecinos que, enfurecidos, enfrentaron con dureza a la propia policía en su tentativa de castigar a un potencial delincuente se reproduce en los ámbitos donde el confort es el parámetro que rige la calidad de vida de los habitantes. En tales espacios no son pocos quienes han decidido proteger sus bienes y también su persona mediante la portación de armas. El remedio suele ser, en casos semejantes, muchas veces peor que la enfermedad que busca combatir.

   El desafío a resolver no es sencillo. La desconfianza en el Estado y en las fuerzas de seguridad que lo representan —dedicadas primordialmente durante mucho tiempo a tareas de represión política en vez de a su natural objetivo— no se podrá erradicar de un día para el otro, sobre todo cuando se sabe que tampoco será posible hacer lo propio con el delito, más allá de toda la voluntad que se ponga en la tarea. La reconstrucción nacional, con la inclusión de tantos marginados como finalidad primera, demorará años. Mientras tanto, corresponde evitar el pantanoso terreno de las pasiones y los mesianismos, por justificada que se encuentre la indignación ante la inseguridad reinante.

   El fortalecimiento de los mecanismos institucionales de control, la preparación adecuada de las fuerzas policiales —encabezada por la transmisión de conciencia democrática—, el mejoramiento del sistema penitenciario y la discusión sobre la legislación penal vigente constituyen una misión inaplazable en la República, pero la palabra clave ante lo que sucede no puede ser otra que paciencia, que no debe ser confundida con pasividad.

   No es con más violencia que se solucionará el dilema, sino con una sociedad más justa e igualitaria.