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 domingo, 12 de noviembre de 2006  
La CIDH admitió reclamo por tierras indígenas en Salta

Buenos Aires.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el reclamo de 45 comunidades indígenas salteñas por tierras de uso tradicional -unas 600 mil hectáreas ubicados en el noreste de Salta-, paso previo para que el Estado argentino sea enjuiciado por violar derechos de los pueblos indígenas, indicó hoy el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels)

“Este es un paso muy importante para que se resuelva el conflicto que está en Washington desde 1998. Pensamos que se trata de una señal muy clara de la Comisión para que el Estado nacional tome el caso porque sino va a juicio y puede ser condenado por violar derechos de los indígenas”, dijo la vicedirectora del Cels, Andrea Pochak.

Pochak aludió así al litigio que enfrenta a 45 comunidades wichí, chorote, tapiete, chulupí y toba con la provincia de Salta y que llevó a numerosas reuniones en Washington, Buenos Aires y Salta en los últimos años en el marco de un reclamo amistoso que fracasó en el 2005 porque la provincia no realizaba avances de fondo: la entrega de un título único a nombre de todas las comunidades.

En el documento de 25 carillas el secretario Ejecutivo del organismo multilateral, Ariel Dulitzky, indica que “la CIDH fijo un plazo de dos meses a partir de la presente comunicación” para que las partes presenten observaciones.

En ese sentido, el organismo puntualiza que “el Estado tuvo múltiples oportunidades de resolver el asunto de fondo, es decir, la tutela efectiva del derecho a la propiedad de los miembros de la Asociación Lhaka Honhat”, a la vez que destaca la “falta” de política de tierras -demarcación y titulación- “que sea respetuosa de la forma de vida de las comunidades”.

Asimismo se hizo eco por la “demora indebida” para resolver el caso, según dió a conocer el CELS a través de un comunicado en el que subraya la importancia de proteger las garantías judiciales de acuerdo al sistema interamericano.

El informe de admisibilidad es la instancia previa para llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos -máxima autoridad del sistema de protección regional de derechos humanos-, que vía fax, fue enviado el martes pasado a las oficinas del estado nacional, provincial, los peticionarios y sus abogados.

“Ante este escenario, el Estado Nacional y la provincia de Salta deben arbitrar todos los medios para resolver este conflicto y evitar una condena internacional. La Corte Interamericana ya falló a favor de los indígenas en el caso Awas Tingi de los mayagna contra Nicaragua o sea que hay jurisprudencia”, concluyó Pochak. (Télam)


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