Cinco policías a juicio por la muerte de un preso

Lo mataron a golpes reclusos comunes en Casilda. Los acusan de no haber actuado para frenar la fatal paliza

Hace un año, un grupo de reclusos confinados en la alcaidía de Casilda le propinó una brutal paliza a un preso que llegaba al mismo sitio acusado por delitos sexuales. Por el tormento tan despiadado, que a esta persona le costó la vida, seis presos fueron procesados por homicidio. Pero no serán los únicos en sentarse en el banquillo: ahora la Justicia rosarina acaba de mandar a juicio a los cinco policías que estuvieron de turno en el momento del cruento incidente.

Estos policías afrontan una grave imputación: la de haber oído lo que ocurría sin interrumpir la golpiza. Lo que significa que habrían omitido prestar el servicio al que estaban obligados por su función. Este es el criterio que tuvo inicialmente la jueza penal de Casilda, Silvia Nogueras, al procesarlos. Y la misma idea fue convalidada ayer por la Cámara Penal de Rosario.

El fiscal de Casilda, no obstante, pretendía más: para el funcionario, si los policías colocaron en un lugar indebido al detenido y declinaron luego intervenir cuando sus compañeros de celda lo castigaban, serían partícipes necesarios del homicidio, o deberían reprocharles al menos no haber evitado el delito de torturas. Sin embargo, serán juzgados por incumplir sus deberes y uno, el jefe de la guardia, por abuso de autoridad.

El trágico incidente ocurrió el 6 de julio de 2005. Daniel Puebla, de 50 años, llegó a la alcaidía imputado de abuso sexual contra dos hermanos de 10 y 14 años y fue encerrado en una celda con reos comunes. Estos se ensañaron con él con tal ímpetu que lo dejaron tendido sin conocimiento. La autopsia reveló que murió como consecuencia de 25 lesiones corporales, la fractura de siete costillas y el estallido de un pulmón.

El caso fue un escándalo: desde la jefatura de la Unidad Regional IV señalaron que los presos habían urdido una estrategia para hacer creer que el preso se había suicidado, atando sogas y cables en una reja y poniendo un banco debajo de una supuesta horca. Sin embargo, esta fue la primera versión aportada por la propia fuerza: que la muerte había sido por asfixia.

Pero tras el examen del cuerpo, realizado por el forense Víctor Frigeri, quedó en claro que la causa del deceso había sido "hemorragia de tórax", un cuadro no compatible con asfixia por ahorcamiento. "Presentando esas lesiones, jamás pudo suicidarse", decía por entonces la jueza Nogueras.

Puebla, que era un empleado comunal de Arequito, fue detenido un lunes y estuvo solo en un calabozo hasta que declaró ante la Justicia. Al día siguiente lo alojaron en una celda con los seis presos que lo masacraron. Según el oficial a cargo del turno, lo destinaron allí porque el pabellón reservado a acusados por delitos sexuales estaba superpoblado. Nunca se consignó este oficial hubiera recibido esa orden, por lo que al ubicar a Puebla en un lugar inadecuado quedó implicado en una acción de incumplimiento de sus deberes.

El interno fue encontrado muerto a las 21 del martes, cuando un grupo de presos alertó al oficial a cargo que su nuevo compañero de celda se había ahorcado. Dijeron haber escuchado ruidos mientras comían y entonces encontraron a Puebla colgado.

Pero para la Sala Penal III, integrada por Otto Crippa García, Ernesto Navarro y Elena Ramón, los policías jamás pudieron no haber percibido el alboroto causado por la paliza que sufría Puebla. Y su deber, según los jueces, les imponía frenarla. El jefe de guardia era Angel Javier Corvalán. El turno se completaba con los policías Javier Alejandro Patat, Marcelo Oscar Morelo, Raúl Daniel Di Marco y Apolinario Gómez. Todos deberán ser juzgados por incumplir sus deberes de funcionarios públicos lo que, a criterio de los jueces, pudo ser decisivo para sellar el trágico destino de Puebla.

El hecho ocurrió en la alcaidía de la UR IV