Editorial

La responsabilidad de prever

Mientras el boom de la construcción sigue a ritmo sostenido en Rosario, empieza a aparecer un costado indeseado, la falta de previsión y coordinación para garantizar servicios elementales. Resulta imprescindible establecer políticas comunes entre empresas públicas y privadas, porque la falta de infraestructura puede desatar un colapso en el mediano plazo.

El crecimiento sin pausa de la construcción en la ciudad de Rosario asombra mes a mes. Son pocas las cuadras del micro y macrocentro no alteradas por un fenómeno que tiende a sostenerse en el tiempo, mejorando la capacidad de empleo y potenciando los comercios vinculados a esa gran industria. Sin embargo, mientras cifras y cuadros comparativos expresan con elocuencia el perfil del fenómeno, ha comenzado a crecer la preocupación por las consecuencias negativas que ello puede acarrear por la falta de previsión y coordinación urbana, fundamentalmente en materia de servicios.

   Plantear estas carencias en una coyuntura como la que se vive pueden resultar desubicadas para quienes están embarcados en algún proyecto, pero resulta imperioso advertir las consecuencias a futuro. En su edición del 6 agosto pasado, La Capital trató el tema con rigor, dando cuenta de lo que implicará a fin de año cuando se terminen las 170 torres en construcción: 4.080.000 litros diarios de agua más para satisfacer la demanda; un refuerzo de 11 mil metros cúbicos diarios de gas y otros 11 mil kilovatios hora de energía.

   La provisión de agua y el servicio de cloacas es uno de los temas perentorios. En ciertas zonas del microcentro es imposible tener presión de agua si no se cuenta con la ayuda de una bomba extractora. Se está desatando una competencia obligada por tener equipos de mayor potencia que puede terminar en un efecto Fonavi, donde algunas torres tienen mejor servicio que otras. Vale recordar que la actual infraestructura fue diseñada para un número de asentamientos mucho más bajo del que se proyecta y su recambio está estimado en unos 500 millones de pesos.

   Otro tanto ocurre con el servicio de energía, un problema del orden nacional, donde la provincia deberá hacer grandes esfuerzos para sostenerlo; mientras que la empresa de gas ya revela serios atrasos para realizar las inspecciones y habilitar nuevos edificios. Sumado a estos tres problemas, aparece el tránsito, ya que no todos las torres cuentan con las suficientes cocheras obligando al estacionamiento en las calles y dificultando la circulación. Y se podría continuar con el crecimiento de la contaminación visual y acústica, los espacios que pierden definitivamente la luz solar o la caída de valor de aquellas viviendas que quedan encerradas entre enormes edificios.

   Todavía se está a tiempo de evitar graves colapsos, que podrían manifestarse dentro de cinco años. Comenzar a coordinar políticas al respecto entre Estado y empresas de servicios sería una señal de madurez y responsabilidad administrativa. Ojalá suceda en lo inmediato.