[Nota de tapa] - La noche triste

La educación en la era de la censura

El 29 de julio de 1966, el dictador Juan Carlos Onganía intervino las universidades públicas. Fue "La noche de los bastones largos", y el inicio de una etapa de persecuciones, renuncias y cesantías

Osvaldo Aguirre / La Capital

Hace cuarenta años algo cambió de modo quizá irreversible en la Universidad argentina. Fue el 29 de julio de 1966, cuando el gobierno de Juan Carlos Onganía intervino y tomó por asalto las casas de estudios, y forzó a partir de entonces la renuncia y el éxodo de profesores y cuerpos enteros de equipos docentes. Una etapa llegaba a su fin y comenzaba otra, signada por la persecución política, la pobreza de recursos y la violencia.

Estudios históricos recientes (por ejemplo "Historia de las universidades argentinas", de Pablo Buchbinder) apuntan a relativizar las oposiciones esquemáticas con que se relatan los hechos. La "edad de oro" que habría sido el período 1955-1966, con la modernización de los planes de estudio, la promoción de la investigación y los cambios y jerarquización de los cuerpos de profesores, no excluyeron tensiones y conflictos. Pese a la libertad de que disponían, por ejemplo, las universidades sufrían problemas económicos desde tiempo antes del golpe. Y esas dificultades se agravaban en el interior.

En la primera mitad de 1966 las universidades públicas realizaron una intensa campaña en procura de obtener un aumento de su presupuesto. La situación en la Universidad Nacional del Litoral (de la que dependieron hasta 1968 las facultades con asiento en Rosario) era particularmente alarmante. El 22 de mayo de 1966, el rector Cortés Plá puntualizó problemas que son de hoy: por carencia de recursos, aumentaban los docentes ad honórem; las remuneraciones de la mayoría de los docentes y no docentes estaban por debajo de la mitad del salario mínimo; en una población estimada en 20 mil estudiantes, sólo 340 contaban con alguna beca.

El creciente consenso contra el gobierno de Illia y la campaña de desprestigio que asumían a coro diversos medios periodísticos incluían a las universidades en su agenda. Las casas de estudios eran señaladas como un lugar de "infiltración marxista" desde los ámbitos militares. Esa visión era un efecto de la doctrina de seguridad nacional, una novedad de la época, pero de creciente difusión tras el discurso del general Onganía en la V Reunión de Comandantes de Ejércitos Americanos, realizada en West Point en 1964.

El 7 de junio, en reclamo de mayor presupuesto, los estudiantes rosarinos instalaron las mesas del comedor universitario en la calle, en Corrientes al 700. "Grupos compactos de estudiantes aguardaban pacientemente su turno y podía observarse al resto almorzando en un ambiente aparentemente normal", apuntó una crónica de este diario. El tránsito quedó interrumpido durante casi dos horas y los trolebuses, que entonces circulaban por aquella calle, quedaron varados en la esquina, como espectadores de la protesta.


Voces aisladas
El golpe militar del 28 de junio de 1966 no sorprendió a nadie. Tanto tiempo había sido anunciado, tan claramente había sido reclamado por distintos sectores civiles, dice el historiador Robert Potash, que su realización fue una especie de anticlímax. Sólo la Universidad de Buenos Aires, a través de su Consejo Superior, y la Federación Universitaria Argentina se pronunciaron contra el derrocamiento del gobierno constitucional.

La intervención de las universidades se dio por descontada desde el primer momento. Sin embargo, transcurrió un mes hasta que se concretó, el 29 de julio, a través de la ley 16.912. La norma suspendía el gobierno autónomo, disolvía los consejos superiores y convertía a los rectores y decanos en interventores de las casas de estudios.

Los rectores y consejos superiores de las Universidades de Buenos Aires, del Litoral, Córdoba, Tucumán y La Plata rechazaron la ley; los de la Universidades del Sur, del Nordeste y de Cuyo la aceptaron. El mismo 29 de julio, en lo que se conoce desde entonces como la noche de los bastones largos, la Guardia de Infantería de la policía porteña desalojó por la fuerza y detuvo a 139 profesores y estudiantes que se encontraban en la Facultad de Ciencias Exactas. Entre los apaleados estaba un profesor norteamericano, Warren Ambrose, lo que contribuyó a la repercusión internacional de los hechos. La represión se reiteró, aunque con menor intensidad, en otras facultades. Como efecto inmediato, comenzaron a producirse renuncias masivas de docentes.


Formas de resistir
La intervención militar y las respuestas a la represión, sin embargo, asumieron modalidades particulares en cada universidad. Los relatos del período suelen referirse exclusivamente a lo que ocurrió en Buenos Aires; la situación en Rosario tuvo puntos en común -muchos de los docentes provenían de la capital- pero también sus aspectos particulares.

La resistencia contra la intervención comenzó el domingo 31 de julio, con una toma de Ciencias Económicas. Los estudiantes abandonaron la facultad luego que el comisario Fernando Lostau, con agentes de la seccional 5ª, amenazó con echarlos por la fuerza. Al día siguiente, la policía desalojó la Facultad de Medicina cuando se estaba por realizar una asamblea. Los estudiantes salieron en manifestación y en Córdoba y Francia bloquearon el tránsito.

Desde hacía varios años, el estudiantado de Medicina se caracterizaba por un importante grado de politización. En 1963 había impulsado la destitución del decano, acusado por un manejo irregular de fondos. El 26 de mayo de 1966, menos de un mes antes del golpe, tomaron la facultad en reclamo de castigo para los sumariados en ese caso y también por el presupuesto. Y en la etapa que se abría demostrarían su combatividad.

Por otra parte, antes del golpe, la conducción de la UNL atravesó una crisis, en la que se combinaron los problemas económicas y las disputas políticas. El 27 de mayo Cortés Plá renunció a su cargo, "físicamente fatigado y moralmente descorazonado ante la pérdida de tiempo y energía en pequeños problemas sin haber podido materializar proyectos trascendentes, ya por carencia de recursos o por permanecer en el seno de las comisiones". No obstante, el 14 de junio reasumió sus funciones, a pedido del conjunto de los decanos.

El 1º de agosto se conoció una declaración firmada por Cortés Plá y los decanos Luis Muñoz (Derecho y Ciencias Sociales), Mario Segovia Mayer (Ciencias Matemáticas), Samuel Gorban (Ciencias Económicas), Guillermo Maci (Filosofía y Letras), José Benito Fornés (Odontología) y los interventores Fernando Gaspar (Ingeniería Química), Jorge Mullor (Medicina) y Ramón Caropresi (Ciencias de la Educación) en que rechazaban la ley de Onganía y renunciaban a sus cargos.

La declaración reivindicó la Reforma Universitaria y en una alusión transparente al nuevo régimen recordaba el primer golpe militar de la historia argentina y descubría la falacia de las justificaciones pasadas y presentes: "El motín del año 30 denunció como desorden en los claustros, lo que era en cambio la ruptura de un enclaustramiento conventual cuyo apoliticismo era la política de la reacción y la censura. Se acusó como intromisión ideológica foránea la renovación inspirada en ideas progresistas". Así "quedó al descubierto que la Universidad Nacional está consustancialmente ligada en la posibilidad de su existencia a una auténtica democracia".

Ante las renuncias masivas que se producían en Buenos Aires y la oposición de la mayoría de los rectores, el régimen militar se vio forzado a suspender las clases. En Rosario, el jefe de policía, coronel Benjamín Chavanne, clausuró Filosofía y Letras (hoy Humanidades y Artes). En consecuencia, un grupo de profesores y estudiantes presentó un recurso de amparo ante la Justicia federal, patrocinado por cincuenta y siete abogados del foro local. El 11 de agosto el juez Raúl Andrada resolvió reabrir las puertas de la facultad, que de todas maneras se mantuvo bajo custodia policial. El jefe de policía invocó un supuesto malentendido: sólo había querido asesorar a los empleados no docentes para evitar una toma de la facultad...

Mientras la policía custodiaba las facultades, el 2 de agosto dimitió en pleno el Departamento de Pedagogía Universitaria, encabezado por su director, Nicolás Tavella; el 7 de agosto presentaron sus renuncias 31 profesores de Medicina y Ciencias de la Educación; el 15 de agosto se sumaron siete profesores de distintas carreras de Filosofía y Letras y quince docentes de Antropología, encabezados por el director del Instituto, Pedro Krapovickas; el 19 de agosto, otros seis profesores de la misma carrera y Jaime Bernstein, director del Instituto de Psicología.


Un año perdido
En medio de las dimisiones, el 15 de agosto, Manuel de Juano asumió como rector de la UNL. Ese mismo día se difundió una carta firmada por profesores, estudiantes y graduados de Derecho, Ciencias Económicas, Filosofía y Letras y Medicina. Además de reivindicar el autogobierno como "medio indispensable para que las universidades puedan cumplir su misión", rechazaban los cargos formulados para avalar la intervención: "No es cierto que el nivel de la enseñanza y la investigación haya descendido. Por el contrario la Universidad, desde el logro de su plena autonomía en 1955, ha elevado tal nivel en comparación con épocas anteriores". Por último abogaban por el pluralismo ideológico: la presencia "de profesores o estudiantes de ideas marxistas" en la Universidad "es una de las consecuencias de la libertad que en ella ha imperado y constituye un fenómeno común a todas las universidades de Occidente".

Los estudiantes llevaron su protesta a las calles de Rosario. El 19 de agosto hubo una sucesión de actos relámpago, con sentadas, cortes de tránsito y discursos por las calles Córdoba y San Martín. Otro momento significativo se produjo con la reanudación de las clases (ver aparte).

Según la propia intervención, en Filosofía y Letras renunció el 47,8 % del cuerpo docente. En Psicología, el 80 por ciento de las cátedras quedaron acéfalas; los porcentajes fueron igualmente elevados en Filosofía (75 por ciento), Historia (63), Antropología (60) y Letras (50). No obstante, la continuidad en los cargos no implicaba necesariamente la adhesión al gobierno de facto. El 20 de septiembre de 1966, por ejemplo, un grupo de docentes de Medicina exigió al decano Juan Picena el retiro de la policía de la facultad y el reestablecimiento de la libertad de reunión y de expresión en la Universidad. Ese mismo día los estudiantes de Medicina, que mantuvieron una huelga de 67 días ese año, hicieron una asamblea en los bajos del Saladillo y al ser reprimidos por la policía fueron ayudados por habitantes del barrio y el cura párroco de la iglesia Nuestra Señora de Itatí, Santiago McGuire.

En enero de 1967, Primera Plana reseñaba la situación universitaria con un título elocuente: "Un año perdido". El conflicto subsistía en Rosario, donde 27 alumnos de Filosofía y Letras y 11 de Medicina habían sido suspendidos con prohibición de ingresar en las facultades, por participar en asambleas. "Es el primer caso en que se decide una sanción antes de haber finalizado el sumario administrativo", se asombraba la revista. Una situación que se proyectaba de manera sombría sobre el futuro.

Custodia. Efectivos de Gendarmería montan guardia en el ingreso de la Facultad de Medicina poco después del golpe de 1966.