Patronato. La provincia se adapta a la nueva ley nacional que obliga al cambio

Santa Fe dio otro paso para proteger los derechos del menor

El gobernador elevó al rango de subsecretaría a la Dirección del Menor, la Mujer y la Familia, y nombró a Luisa Donni

Claudio González / La Capital

La instrumentación de nuevas políticas de Estado para la protección integral de los derechos de los niños y adolescentes en el el país está dando un vuelco con una mirada más integradora, que comenzó a gestarse con la sanción de la ley 26.061. Promulgada por el Senado en septiembre de 2005 y reglamentada en abril de este año, encomienda a los gobiernos provinciales y municipales a promover acciones tendientes al aseguramiento del goce y ejercicio de los derechos de la niñez, reconocidos en la Constitución Nacional. Y establece que se deberán crear organismos estatales pertinentes a la niñez, encargados de coordinar los programas. Estos ahora serán el primer espacio para los chicos en riesgo, si se tiene en cuenta que la nueva legislación también deroga la antigua ley de patronato, por la que los jueces de menores ya no dispondrán la custodia de los niños en riesgo social.

Con ese mismo espíritu, el gobernador Jorge Obeid firmó anteayer el decreto por el cual se crea la Subsecretaría de la Niñez y la Familia, bajo el ámbito de la Secretaría de Promoción Comunitaria. A su cargo estará la ex presidenta del Concejo Municipal de Rosario, Luisa Donni, quien espera, rápidamente, poder abrir un local de atención directa al ciudadano en Rosario, así como en otras ciudades santafesinas.

Y si bien, no sin cierta lentitud, el primer paso para la reforma ya está dado -esto es elevar el rango de la Dirección del Menor, la Mujer y la Familia, ahora convertida en subsecretaría-, aún resta proveer a esa nueva dependencia de los recursos que demanden los programa a implementar, y que sí estarían contemplados en la ley de presupuesto para 2007. Aunque pareciera que el principal esfuerzo deberá hacerse en "coordinar las acciones con los municipios", tal como lo reconocieron el mismo secretario de Promoción Comunitaria, Juan Carlos Forconi, y Donni.

Justamente en Rosario la provincia debería compaginar acciones con la Secretaría de Promoción Social municipal. Mientras tanto un proyecto del concejal del ARI, Nire Roldán, busca ajustar los parámetros de la nueva ley a la realidad local y regional. La iniciativa está siendo evaluada en la comisión de Gobierno del Concejo municipal.

Lejos de la sensación de que "se corre de atrás" -según aseguraron en algunos ámbitos del gobierno provincial y por sobre todo en la Legislatura, donde la diputada socialista Lucrecia Aranda lleva la voz cantante-, el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) es claro: "Las provincias deberán proveer lo necesario para, en el término de 180 días de dictado el presente decreto, identificar y en su caso establecer por los medios o vías que establezcan las legislaciones vigentes, a los Organos de Protección de la Niñez, Adolescencia y Familia que tendrán representación en el Consejo Federal".

Y abunda: "Durante ese lapso el PEN brindará a la jurisdicciones que así lo requieran la asistencia técnica necesaria a fin de facilitar la creación y/o la reforma de instituciones de la infancia".

El propósito es crear una red de asistencia y protección ante la amenaza o violación de los derechos de los niños, adolescentes y sus familias. Y que no se limita sólo a quienes están en situación de vulnerabilidad social o pobreza, sino que es abarcativa y habla de la dignidad, de no ser sometidos a trato violento, discriminatorio o vejatorio, humillante o intimidatorio, a formas de explotación económica, torturas o abusos.

Y este nuevo paradigma sitúa al Estado como garante de esos derechos que no se limitan a casos de vulnerabilidad social por falta de recursos económicos. Los programas también deberán apuntar a proteger la vida privada, la identidad y la libertad, la salud, y la gratuidad de la educación, el acceso al deporte y al juego recreativo. Es más, la ley dice que los chicos deben ser escuchados en todos los ámbitos, como usuarios de servicios públicos y, con las limitaciones de la ley, en todos los procesos judiciales o administrativos.

Esta nuevo modelo establece la protección de derechos, y no de personas, e intenta evitar cualquier de vulneración. La primera es no cortar con los vínculos familiares. Por que hasta el momento las políticas fueron coyunturales y focalizadas a situaciones de pobreza, su consiguiente judicialización, y como respuesta se procedía a la internación de los chicos en hogares de tránsito, alejándolos de sus seres queridos.


Desde 1919
Con la sanción de la nueva legislación, se deroga la antigua (data de 1919) ley de Patronato, -que daba atribuciones a los jueces de Menores para disponer de su resguardo en casos específicos, y da atribuciones a los magistrados de familia- por lo tanto en la Justicia santafesina también existe inquietud por saber cómo se dará el proceso de asimilación de la flamante disposición, y cómo procederán los jueces ante los casos que se le presentan casi diariamente en Tribunales.

Por eso, y ante un período que aparece como de transición, la Corte Suprema de Justicia propició debates con los juzgados de Familia y de Menores para sumar opiniones sobre la nueva reglamentación. Es que el tiempo corre y en el Poder Judicial aún no hay certezas de cuándo se aceitarán los mecanismos que instrumentará el Ejecutivo para resguardar a la niñez.

A pesar del reclamo de distintos sectores para que se aceleren los tiempos, a diario se observan chicos sufriendo algún tipo de avasallamiento de sus derechos, como en el caso de la ciudad santafesina de Vera, donde el miércoles último un chico acabó en una comisaría y quiso suicidarse.

El gobierno resolvió la cuestión de poseer un organismo visible en pos de los derechos de los chicos antes del plazo establecido por la ley, es decir, antes de noviembre. Ahora busca solucionar los problemas de falta de infraestructura y de capacitación del personal a cargo. Más allá de eso, la realidad dicta que el amparo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes santafesinos deben ser resguardados sin más demoras.