Reflexiones

¿Debate educativo o escolar?

José Romero y Pedro Romero

El pasado 22 de mayo, el mismo presidente de la Nación presentó el borrador a debatir en distintas instancias sociales e institucionales con vistas a una nueva ley nacional de educación. Desde entonces, se han desplegado una serie de consultas a especialistas, sindicatos, grupos de interés e incluso a las propias unidades escolares que realizarán una jornada de reflexión el próximo 5 de julio.

Indudablemente, la educación constituye una cuenta pendiente para un gobierno que gana puntos de apoyo cuando se presenta como ruptura del orden de los 90. La ley de financiamiento o la de educación técnica, presentadas como principales logros de gestión por el ministro Filmus, no alcanzan el valor simbólico necesario para definir un nuevo "norte" para la educación nacional. Por ello, el primer objetivo del debate es terminar con la ley federal, y en ello es probable que la nueva ley contenga un valor político aún mayor que sus propios contenidos.

Teniendo en claro la primera intencionalidad para nada desdeñable, la oportunidad habilita la participación. Como suele suceder, el espacio público -o de opinión pública- tiende a colmarse de lugares comunes en los que "opinadores" de distinto pelaje buscan rivalidar sus saberes o en su defecto resistir sus intereses corporativos.

Por ello, a los efectos de esclarecer el debate y no discursear sobre la metafísica de la educación nos parece importante tomar dos puntos de partida y conforme las respuestas obtenidas avanzar en el ordenamiento correspondiente.

La primera premisa apunta a responder si el debate propuesto está centrado en el sistema escolar o en la educación toda. La diferenciación es muy simple pero muy expuesta a confusiones. De hecho, el propio texto oficial somete a opinión temas propiamente escolares -como la obligatoriedad de la educación media- hasta otros propiamente educativos como la de un canal televisivo específico.

La historia indica que un siglo atrás había una cuasi-total coincidencia entre sistema educativo y sistema escolar. La escuela monopolizaba la educación, y por ello era la única herramienta para conseguir los fines atribuidos al sistema de enseñanza.

Los tiempos que corren dejan en claro la caída del monopolio escolar a la hora de la distribución de conocimientos, tornando imperioso entonces -y aún más legislativamente- esclarecer la relación entre la ley pretendida y el sistema escolar. El peligro de un instrumento legislativo que conserve una relación ambigua y laxa con el ordenamiento escolar puede resultar una puerta abierta que profundice el desencanto.

La ley 1.420 obtuvo un rédito temporal importante en la medida que fundó un sistema educativo y escolar. Los nuevos esfuerzos legales qué objetivo tienen: ¿refundar un sistema escolar, corregirlo, reformarlo o actualizarlo? ¿Dónde está centrado el debate en el sistema educativo y en el sistema escolar? Contestar este interrogante es el puntapié inicial del debate.

La segunda premisa está vinculada con la relación entre ley nacional y orden normativo jurisdiccional. A fuerza de ser sinceros, el gobierno del sistema no tiene un anclaje en la ley federal, sino en la ley de transferencias de 1992. Los estudios demuestran hoy que una de las claves del fracaso del orden educativo de los 90 estuvo centrado en el "nuevo formato" del Estado en consonancia con el modelo de entonces. Pero más allá de la teoría y la ideología sobre la que ya hemos escrito abundante, la cotidianidad muestra que las instancias estatales provinciales exhiben un complejo cuerpo normativo que responde a distintas eras geológicas de administración del sistema escolar.

Para bien o para mal, con contradicciones y normativas hasta insólitas, es ésta -y no otra- la legislación que aún permite que siga funcionando. Si el gobierno del sistema -tema arduo si los hay para la nueva ley- sigue con el mismo formato las posibilidades de colisión provincia-nación serán innumerables. El problema es creer que el sistema se ha fragmentado y atomizado por desobediencias provinciales. La política es una cotidianeidad que conjuga personas, urgencias, costumbres, historias, etcétera, y hoy por hoy es una prerrogativa provincial. La ley debe ser clara en este segundo punto de partida recordando que los mesianismos nacionales son tan perjudiciales como las improvisaciones provinciales.

(*) Docentes de la Universidad del Salvador