El presidente uruguayo descartó el diálogo con Argentina

Montevideo.-El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, dijo hoy que su gobierno esperará una solución por vía “jurisdiccional” al diferendo que mantiene con Argentina por la instalación de plantas de celulosa en una zona fronteriza.

“El conflicto entre Argentina y Uruguay por el tema de las plantas de celulosa, por resolución del gobierno argentino, se está dilucidando en el tribunal de La Haya en primera instancia y en el tribunal de solución de controversias del Mercosur. Vamos a esperar el resultado” de esos tribunales“, afirmó el mandatario uruguayo.

”El tema específico de las plantas se resolverá por la vía jurisdiccional como lo pidieron ambos gobiernos“, recalcó Vázquez en declaraciones formuladas hoy a la radio local AM Libre.

Medios periodísticos de Buenos Aires y de Montevideo especularon en los últimos días en torno a un posible diálogo entre las autoridades de ambos países rioplatenses antes de que se conozca el fallo de la Tribunal Internacional de Justicia, en La Haya, probablemente en julio.

Sin embargo, Vázquez dio a entender que no está en sus planes retomar una negociación bilateral con Argentina y ratificó la decisión de su gobierno de apoyar la instalación de las dos fábricas de pasta de celulosa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos.

”Por más que corten los puentes (que unen a ambos países sobre el limítrofe río Uruguay) la resolución que tomamos la hemos tomado.

Podrá variar, dependiendo de la solución jurisdiccional, pero ninguna presión nos va a hacer cambiar de opinión“ respecto a las plantas, enfatizó.

”Uruguay no es una provincia de ningún país. Es un país libre, independiente y soberano“, y ”éste o cualquier gobierno que venga (...) va a defender esta situación. Vamos a defender a toda costa la soberanía de nuestro país“, aseveró Vázquez, líder de la colición de izquierdas Frente Amplio de Uruguay.

Los proyectos para instalar plantas de celulosa en Fray Bentos de las firmas Ence de España y Botnia de Finlandia, que ya están en proceso de construcción, involucran inversiones que significan más de 10 por ciento del Producto Interno Bruto de Uruguay.

Argentina sostiene que esos emprendimientos fueron autorizados por el gobierno uruguayo sin su consentimiento, contraviniendo así disposiciones del tratado de administración del compartido río Uruguay. Alega además que las plantas podrían provocar daños ambientales irreversibles en la zona.(DPA)