Incomunicados. Aspero cruce de argumentos en la audiencia de La Haya

"El único error cometido por la Argentina fue el haber confiado en Uruguay"

La delegación local reprochó ante el tribunal que Montevideo haya ocultado información sobre papeleras

La delegación argentina rebatió ayer los argumentos de Uruguay a favor de la instalación de las papeleras, y aseguró ante la audiencia en la Corte Internacional de La Haya que "hay riesgo de daños irreparables" y que el único error del país fue "haber confiado" en Montevideo.

El delegado argentino especialista en derechos humanos, Juan Carlos Vega, explicó que, tras la última exposición que correspondió a Uruguay, la Corte se tomará un tiempo de "uno o dos meses" para emitir un pronunciamiento sobre la medida cautelar pedida por la Argentina para que se detengan las obras en Fray Bentos.

En su exposición, los letrados de Argentina reafirmaron que Uruguay no ha realizado un estudio de impacto ambiental adecuado ni consultado a su país vecino antes de aprobar las dos fábricas de papel.

La directora de la Consejería Legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti, quien encabeza la delegación, concluyó el turno de réplica pidiendo a los jueces la suspensión cautelar de las obras, al considerar que ya se ha demostrado que Uruguay no respetó la obligación de mantener consultas bilaterales establecidas en el tratado de 1975, pese a que se había comprometido a ello.

"Aún no explicaron por qué se eligió el río Uruguay para instalar ambas pasteras y tampoco informaron sobre el grado de contaminación que tendría ese caudal de agua", aseguró Ruiz Cerutti en el Palacio de la Paz.

En tanto la delegación uruguaya, al responder al planteo argentino sobre una supuesta violación al Estatuto del Río Uruguay, argumentó que esto merece diversas interpretaciones: "Para Argentina ofrece derecho de veto, para Uruguay es lo contrario".

De acuerdo a lo expuesto ante la Corte por el profesor de derecho italiano Luigi Condorelli, en el texto del Estatuto no figura en forma "explícita" que la Argentina pueda objetar emprendimientos instalados en territorio uruguayo, como el de las papeleras de Fray Bentos.

Por su parte, Ruiz Cerutti fue mas allá al sostener que "si en alguna responsabilidad ha incurrido Argentina es en la de haber confiado con los ojos cerrados en los compromisos de un país con el que le unen lazos históricos y de amistad".

Al término de la presentación argentina, la diplomática declaró que "era optimista antes y lo soy ahora. Creo que los argumentos han sido muy bien desarrollados por todos nuestros abogados y que la Corte tiene una posición clara de cuál es la interpretación argentina de nuestro diferendo", explicó.

Durante la audiencia, el jurista británico Philippe Sands -uno de los abogados que trabaja junto al equipo argentino- recordó que "esta violación ocurrió en tres oportunidades: cuando Uruguay autorizó la construcción de la planta Ence; cuando autorizó la creación de la pastera Botnia y más recientemente cuando permitió la construcción de un puerto sobre el río Uruguay".

Otro de los abogados, Marcelo Cohen, atacó durante la réplica la afirmación uruguaya de que, en marzo de 2004, los entonces ministros de Exteriores de Argentina y Uruguay, Rafael Bielsa y Didier Opertti, llegaron a un acuerdo que permitía a Montevideo autorizar la construcción del proyecto.

Según Cohen, Bielsa se limitó a manifestar su "buena voluntad" de arreglar la disputa sobre la base del Estatuto, mientras Uruguay se comprometió a suministrar la información pertinente a la comisión conjunta de administración del río Uruguay.

Al término de la réplica argentina, la fiscal de Estado de Entre Ríos, Claudia Mizawak, ratificó ayer su "confianza" en las pruebas presentadas por Argentina ante la Corte Penal Internacional de La Haya y señaló que las formuladas por Uruguay fueron "incompletas".

La presidenta de la ONG Centro de los Derechos Humanos y Ambientales, Romina Picolotti, dijo que "Uruguay ha presentado los hechos de manera tal que pretendía inducir a un error a la Corte con respecto a la conducta del Estado argentino y con respecto a que la construcción no causa ningún daño".

Los delegados de Argentina pidieron la suspensión de las obras.