Editorial

La lucha medioambiental está aquí

El añejo diferendo con dos compañías cerealeras que contaminan y provocan severos daños a los habitantes del barrio Malvinas Argentinas ha llegado a una instancia judicial en la cual también se cuestiona el supuesto accionar negligente del municipio. Más allá de las responsabilidades que establezca la Justicia, resulta claro que la actividad económica no puede ser fuente de perjuicios para la salud de la población.

L a denuncia que presentó un grupo de vecinos del barrio Malvinas Argentinas a causa de los daños provocados por las sustancias tóxicas que emanan de las cerealeras instaladas en la zona marca un punto de inflexión en un tema crucial para la ciudad: la calidad de su medio ambiente. En un momento histórico fuertemente signado por la incidencia del caso de las papeleras sobre la costa del río Uruguay —motivo de un fuerte diferendo con la nación oriental cuya solución se avizora como compleja— , los rosarinos asisten a una situación que los tiene hace tiempo como protagonistas directos: la demanda masiva por daños y perjuicios presentada ante la Justicia local aboga por el cierre definitivo de dos empresas, Agroexport y Servicios Portuarios, pero también pone al propio municipio en la mira debido a una supuesta “omisión en su deber de controlar el medio ambiente”.

   Tras una lucha que ya lleva diez años, más de ciento ochenta vecinos decidieron decir basta a la contaminación que los acecha y estamparon su firma. Las pruebas que aseguran tener en sus manos se presentan como trágicamente contundentes: afirman que la cantidad de personas fallecidas por cáncer supera con largueza los promedios normales y que la sangre de los pobladores del lugar evidencia una elevada concentración de sustancias tóxicas.

   Mientras los testimonios de la gente —dramáticos— aluden a reiteradas e inexplicables enfermedades y los estudios ambientales efectuados por organismos oficiales revelan la presencia en el barrio de letales plaguicidas clorados y organofosforados, el municipio se defendió públicamente de la imputación que se le ha realizado. El secretario de Gobierno, Juan Carlos Zabalza, salió a la palestra en estilo inusual: “El intendente Lifschitz le pedirá al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que venga a Rosario a oler en persona el polvillo que genera Servicios Portuarios”. La frase del funcionario político del socialismo hace referencia a los múltiples paraguas jurídicos que han permitido a la compañía seguir funcionando, pese a la lluvia de recursos aplicados por sucesivas administraciones municipales con objeto de lograr su definitivo cese de operaciones.

   La exigencia de los vecinos es concreta: que se aplique la ley, específicamente la norma general sobre el ambiente que fue sancionada en noviembre de 2002.

   Y lo que está en juego es clave: en una ciudad que ha despegado definitivamente del pantano de la crisis y que se proyecta hacia el porvenir con pujanza y brío, garantizar la calidad de vida de sus habitantes no es un objetivo menor. La actividad económica intensa que caracteriza a la urbe debe desarrollarse en el marco de total respeto por la salud que sus pobladores merecen. Ojalá se ponga en breve punto final a un tema tan añejo como irritante, y que ha generado sin posible duda ni disculpa graves perjuicios a muchos rosarinos.