La discusión por la ley federal

Pablo Imen: “Es difícil acordar sobre los fines de la educación en una sociedad fragmentada"

El pedagogo dice que hay “antagonismos irreconciliables” en el debate por el proyecto educativo

ablo Imen es docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, especialista en ciencias sociales y coordinador del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, el mismo centro que editó su libro “La escuela pública sitiada. Crítica de la transformación educativa”, presentado la semana pasada en Rosario.

Y a decir verdad el libro llega en un momento más que oportuno: cuando el debate por la nueva ley de educación empieza a ganar terreno.

Imen, un especialista en materia de políticas educativas, afirma que antes que discutir los detalles de la nueva norma es preciso acordar de qué proyecto de país y en consonancia, de educación para el mismo, se habla.

—En el debate por una nueva ley de educación aparecen consensos sobre los resultados de reforma de los noventa y también en su necesidad de reformularla, sin embargo todavía no se muestran líneas claras que indiquen en qué consistirá esta nueva norma. ¿Cuáles son los puntos esenciales que considera no debería descuidar la ley que se avecina?

—En principio, no puede haber acuerdos por esta ley general de educación porque nuestra sociedad esta atravesada por antagonismos irreconcilliables. El proyecto de calidad educativa que tendrá el gerente de una empresa multinacional será muy distinto al de una agrupación anarquista libertaria. Mientras unos van a proponer un modelo educativo que forme un trabajador disciplinado, que adhiera a la empresa, que sea productivo, otros modelos, por ejemplo, pretenderán un ciudadano pleno, autónomo. Por eso creo que justamente uno de los desafíos del Estado capitalista es organizar las contradicciones y darles un cauce. Es muy difícil que la política educativa pueda ir separada del conjunto del orden económico y social. La ley de los noventa fue funcional a un modelo de economía y de política y por eso tuvo tres mandatos básicos: gestionar la pobreza, gestionar el empleo y gestionar el mercado laboral. Y en ese sentido la ley funcionó de manera clara. Ahora hay un cambio de signo, un modelo más neodesarrollista, más centrado en la producción, confirmado por las leyes de financiamiento, que no hace otra cosa que confirmar lo que la ley federal de educación (LFE) prometió y no cumplió (el 6% del Producto Bruto), de manera que no agrega nada nuevo; y la de educación técnica, que lo que hace es intentar subsanar la catástrofe que se produjo con la aplicación de la LFE en las escuelas. Es así que, en el marco de este modelo de país que se está reconfigurando a la luz de la crisis del 2001 y de los cambios en América latina y en el mundo, habrá que ver los que estamos en el sistema educativo para qué lado queremos que salga la norma.

—¿Entonces, para qué lado hay que mirar?

—Entiendo que una educación democratizadora debería apuntar por lo menos a cuatro objetivos básicos: el acceso universal a la escuela, es decir que todos ingresen, permanezcan y terminen los niveles obligatorios; la apropiación del conocimiento, que no sea sólo un lugar para comer sino un lugar para aprender a pensar; en tercer lugar, la formación de la plena ciudadanía lo cual se expresa en poder dentro del aula, es decir qué tipo de estudiantes se promueven y, en cuarto lugar, una escuela que contemple en su currículum la diversidad cultural, o sea una escuela que no imponga una cultura de la exclusión y que sea autoritaria, sino que sea el resultado de una construcción más compleja y rica.

—¿Esto implica que antes de meterse de lleno en la discusión de la nueva ley habría que dar el debate sobre el proyecto de país y el educativo que, en consonancia, se pretende?

—Exactamente, de lo contrario sería poner el carro delante del caballo. Si yo no sé para qué tipo de ser humano estoy formando difícilmente pueda discutir la estructura. Primero van los para qué y luego los cómo y los con qué.

—La LFE y los pactos federales que se firmaron no cumplieron con el financiamiento prometido para la educación, ¿qué garantía hay ahora de que ley de financiamiento educativo aprobada en el 2005 se cumpla?

—Ninguna.

—¿Pero el modelo de país actual no se diferencia del anterior?

—Las líneas directrices de las políticas educativas de Filmus, que fue un técnico que trabajó en la reforma educativa, no han cambiado sustancialmente. Por ejemplo, hay una continuidad respecto de pensar que la calidad educativa se mide de acuerdo a mecanismos estandarizados. Y ahí estamos en problemas, porque si una educación es de calidad porque los chicos se sacan diez en un examen estamos lejos de la formación crítica. Hasta ahora se revelan fuertes continuidades con las políticas neoliberales educativas. Y la verdad es que no tengo muchas esperanzas que con los mismos funcionarios que aplicaron con la ley federal haya cambios sustantivos. Salvo por un perfil más orientado a un modelo productivo y manual, manifestado en la ley de educación técnica, no veo modificación en el rol del Estado.

—¿No cuentan para garantizar los cambios poner en el centro de la escena el debate, la participación de las organizaciones sociales, los sindicatos, los docentes, etcétera?

—Creo que hay que ser cuidadoso con los espacios de participación, porque en el mismo proceso de aplicación de la LFE hubo instancias de consultas a los docentes, pero con mecanismos perversos de legitimación de decisiones que ya estaban tomadas antes de discutirlas. Por eso a mí me preocupa que esta gente que está gobernando la educación tenga estas prácticas: abrir procesos de manipulación del consenso que aparecen como formas aparentes de participación pero donde las opiniones no son tenidas en cuenta. De todos modos, es complejo llegar a acuerdos sobre los fines de la educación en una sociedad tan fragmentada como la nuestra. Cualquier ley será cuestionada si el gobierno, que se declara democrático, no es consecuente con lo que dice. Para eso tendrá que hacer una ley donde el rol del Estado cambie sustancialmente en relación con las políticas de los noventa. Hasta ahora no hay un signo en los hechos de que eso ocurra.

—En el libro dice que confía en que éste se convierta en “un instrumento para la lucha que aspira a una crítica rigurosa y fundamentada de los supuestos, los discursos y las acciones que contribuyeron a la profundización de la desigualdad educativa”. ¿Cuáles son básicamente esos supuestos que hay que cuestionar en el debate por la nueva ley?

—La ideología neoliberal que sostiene un ser humano esencialmente es egoísta y racional, su objetivo se define siempre a partir del cálculo de beneficios y costos, de entender que la sociedad no es un proyecto colectivo de personas, sino un agregado de individuos que compitiendo entre sí y logrando cada uno lo quiere, “cada quien tiene lo que se merece”, de manera que cada uno llega “hasta donde le da y esta es la ley de la naturaleza”. Entonces, la LFE es el reflejo de un sistema educativo que funciona en base al ranking y las competencias, donde la lógica funciona con la jerarquía y las notificaciones de quienes aprobaron o no. Hoy el sistema educativo está más fragmentado y hay más desigualdad que nunca, y la escuela pública se ha convertido en ciertos lugares en un espacio de contención del conflicto social.

Pablo Imen presentó en Rosario su libro "La escuela pública sitiada".