Georgia recortará los beneficios sociales a los inmigrantes ilegales

La nueva norma castiga a los empleadores que contraten indocumentados y otorga más poderes a la policía

Atlanta. - El Estado norteamericano de Georgia puso en vigor una amplia medida contra los inmigrantes ilegales, que entre otras cosas impide que éstos accedan a muchos servicios sociales estatales. Al mismo tiempo, en una señal de la división que existe en EEUU sobre la cuestión de la inmigración, la gobernadora de Arizona vetó un proyecto de ley que hubiera permitido que los trabajadores indocumentados pudieran ser procesados ante la Justicia como intrusos.

Esto tiene lugar en momentos en que el gobierno federal y los Estados consideran cómo responder a un total estimado de 11 a 12 millones de trabajadores sin papeles, mientras que los inmigrantes, en su gran mayoría hispanos, muestran su fuerza política con manifestaciones masivas en las ciudades.

En Georgia, el gobernador republicano Sonny Perdue firmó y puso en vigencia la ley de seguridad y cumplimiento de la inmigración, que también obliga a los contratistas que hacen negocios con el Estado a verificar el estatus legal de los nuevos empleados, con severas sanciones para quienes violen la reglamentación. Además, la policía tendrá que verificar obligatoriamente la situación migratoria de cada detenido y notificar a los funcionarios de migraciones. "Nuestra responsabilidad es asegurar que no se abuse de nuestra famosa hospitalidad de Georgia, que no se aprovechen de nuestros contribuyentes y que nuestros ciudadanos estén protegidos", dijo Perdue.


Arizona dijo "no"
En cambio, la gobernadora de Arizona, la demócrata Janet Napolitano, vetó el proyecto de legislación de su Estado, el sitio más álgido de los cruces ilegales a través de la frontera de Estados Unidos con México. Napolitano dijo que no había recursos para pagar mayores esfuerzos por parte de los policías y las autoridades judiciales.

Bajo la propuesta que estaba en consideración en este Estado, los infractores que cometieran su primer delito hubieran enfrentado cargos de delito menor, con penas de hasta seis meses de cárcel. Una segunda infracción hubiera sido un delito mayor, con penas de hasta un año de prisión. Los funcionarios de Arizona también se mostraron preocupados por el efecto que esta medida hubiera tenido en la comunidad.

Cientos de miles de personas han salido a las calles en actos en las principales ciudades de EEUU en semanas recientes, exigiendo derechos para los inmigrantes ilegales en el país.