Viviendas: una agenda para frenar los remates

Buscan soluciones definitivas al problema de las deudas. También crece la preocupación por inquilinos

Marcos Cichirillo / La Capital

El Consejo Asesor en Defensa de la Vivienda Unica y Bienes de Producción de pymes avanzó ayer en la creación de una agenda de trabajo, que apunta a encontrar una solución de fondo a los sectores afectados por los remates y alquileres.

La preocupación de establecer pautas que apunten a sumar legisladores provinciales y nacionales radica en que el congelamiento de los remates vence en noviembre próximo. Además, porque los procesos judiciales continúan abiertos e inclusive hay jueces que desconocen la normativa y avanzan con las ejecuciones.

Aunque hasta ahora hay 2.000 casos anotados en los registros municipales y provinciales desde comienzos de marzo -después de dos años de lucha para su creación-, se estima que existen unas 12 mil familias en Rosario y alrededor 20 mil en toda la provincia que tienen el martillo de remate pendiendo sobre sus casas.

La reunión en el el consejo en la Oficina de Defensa del Consumidor Municipal contó con una importante presencia de organizaciones sociales, concejales y el diputado Hermes Binner.

Dentro de la batería de propuestas que se discutieron, se incluyó el pedido de que se destinen más recursos económicos para publicitar la existencia de los registros (que se cerrarán el próximo 28 de mayo), el recálculo de las deudas, quita de intereses, la inclusión de los deudores no hipotecarios y una legislación definitiva que solucione el problema.

También "la suspensión de los procesos judiciales, remates y desalojos cuando afecten a la vivienda única familiar y la unidad productiva, salvo los juicios por alimentos, laborales y penales por especificaciones de la ley, hasta tanto la ley se implemente", propuso Aprovu, una de las entidades que nuclea a los deudores.

Los representantes de las entidades en defensa de la vivienda única vienen sosteniendo que "las leyes de suspensión de las ejecuciones no dejan de ser un parche y a pesar de su existencia se siguen sucediendo remates de viviendas, que no se encuentran enmarcadas dentro de los parámetros tanto de la legislación provincial como nacional". Los deudores remarcan que no es que rehusen pagar -de allí el lema "Debo no niego, pago lo justo"- sino la de hacerlo de acuerdo a las posibilidades que tienen para afrontarlo y dentro de un esquema en donde no mande la usura.

Por otra parte, las organizaciones que nuclean a los deudores en todas las provincias del país se reunieron recientemente en Mendoza, donde consensuaron una serie de puntos para incluir en la reforma de la ley nacional que creó el fondo fiduciario para refinanciación de deudas hipotecarias, y que será tratada en los próximos días en el Congreso de la Nación.


El problema de los inquilinos
Por su parte, el diputado provincial Sergio Liberati presentó un proyecto de ley mediante el cual pide la "exención del impuesto a los sellos a los contratos de locación o sublocación de inmuebles destinados a vivienda".

Los inquilinos autoconvocados propusieron elevar a los legisladores provinciales y nacionales un proyecto que implemente un fondo de garantía mediante un fideicomiso en el que participen los bancos Municipal, de Santa Fe y Nación, esto cubre la falta de garantías aptas.

La titular de Defensa del Consumidor, Analía Carrió, planteó la creación de un Servicio Público de Inquilinos para tratar la problemática creciente en Rosario: alquilar una casa o departamento.