El trágico incendio de un taller en Caballito derivó en denuncias de sobornos y falta de controles.

Afirman que la Federal cobra coimas para amparar a textiles clandestinas

Un gremialista sostuvo que sólo una comisaría de la Capital levanta una "caja" de 45 mil pesos mensuales

El incendio en la fábrica textil del barrio porteño de Caballito, que causó anteayer la muerte de seis personas de origen boliviano, derivó ayer en denuncias de pago de coimas, la caída de un funcionario comunal y críticas desde el ámbito privado y público. El titular de la Unión de Trabajadores Costureros, Gustavo Vera, dijo que en el sudoeste de la Capital Federal hay más de cien talleres ilegales y que la Policía Federal recibe coimas en forma "sistemática" para amparar esos establecimientos donde los trabajadores son sometidos a condiciones laborales irregulares.

El sindicalista manifestó que una comisaría de esa zona "levanta una caja de entre 45 y 60 mil pesos

El siniestro ocurrido en el local ubicado en Luis Viale 1269 reavivó además la tragedia de Cromañón, pues arreciaron acusaciones sobre falta de control y pedidos de coimas para permitir el funcionamiento de esos talleres en forma irregular.

La magnitud de la tragedia, con la muerte de cuatro menores de edad y dos mujeres y las críticas y denuncias obligaron al jefe de gobierno porteño, Jorge Telerman, a efectuar una revisión de las áreas de control.

Los menores son de entre dos y quince años y en el lugar, además de trabajar, vivían precariamente entre 50 y 60 personas de nacionalidad boliviana.

Los cuerpos carbonizados quedaron irreconocibles, aunque se supo que además de los menores murió una pareja de unos 45 años, mientras ayer se seguían removiendo los escombros en busca de otras posibles víctimas.

Por otra parte, ante la sucesión de acusaciones, el gobierno nacional, a través del ministro del Interior, Aníbal Fernández, instruyó al jefe de la Policía Federal, comisario general Néstor Valleca, para que se investigue el hecho.

A menos de 24 horas del incendio, la administración porteña decidió desplazar al director general de Protección del Trabajo, Florencio Varela, e intervenir esa dependencia, que quedará a cargo del ministro de Producción y Empleo, Enrique Rodríguez.

El de Varela "es un virtual desplazamiento hasta que se investigue cómo fueron los controles, pero seguramente desembocará en un desplazamiento definitivo", dijo una fuente del gobierno porteño.


Corrupción organizada
En tanto, desde la sede de la jefatura comunal adelantaron que "se va a cambiar el sistema de control", a la vez que se "va a poner más gente a trabajar en las inspecciones".

El interventor del área, Enrique Rodríguez, reconoció que en el gobierno se sabía la existencia de estos talleres irregulares que, según dijo, están administrados por "mafias".

Además, aseguró que si no puede "desarmar" la red de talleres clandestinos dejará el cargo, que juró el martes, "en el plazo de tres meses".

En medio del intento de la comuna de diferenciar su respuesta institucional de la que brindó la gestión anterior ante la tragedia en Cromañón, el titular de la Unión de Trabajadores Costureros, Gustavo Vera, dijo que en el sudoeste de la Capital Federal hay más de cien talleres ilegales y que se "pagan coimas" a la policía en forma "sistemática".

El sindicalista manifestó que una comisaría de esa zona "levanta una caja de entre 45 y 60 mil pesos" por las coimas, lo que llevó al titular de la seccional 40ª, comisario Marcelo Canctatt, a pedir que se "haga la denuncia" correspondiente.

Dos horas después, la cartera de Interior informó que será el propio jefe Valleca quien presentará a la justicia penal un pedido de investigación.

A todo esto, el cónsul adjunto de Bolivia en Buenos Aires, Albaro Gonzáles Quint, advirtió que "son pocos" los controles que hace la ciudad para clausurar talleres clandestinos en los que se explota a trabajadores extranjeros, y pidió que el tema se incluya en una "agenda bilateral" para lograr su erradicación.

"Los controles son pocos, y no hay una autoridad de aplicación de normas o de control efectivo de esas actividades", sostuvo Gonzáles Quint, por lo que pidió que el tema sea "enfrentado de manera conjunta con mecanismos institucionales, tanto del estado boliviano como del estado argentino".

Finalmente, la Cámara de la Indumentaria y la Fundación Pro Tejer expresaron en comunicados sus condolencias a las víctimas, cuestionaron la falta de controles y el nivel de informalidad que existe en la actividad en la Capital Federal. (Télam)

Frente de la vivienda incendiada y que era utilizada como fábrica textil.