Explosiones en Río III: el Estado apeló resolución favorable a demandas

Córdoba- El Estado nacional apeló una resolución de una jueza civil favorable a unos 1.200 demandantes, quienes reclaman resarcimientos económicos por daños materiales, psíquicos y morales, por las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurridas el 3 de noviembre de 1995.

A fines de diciembre pasado, la jueza federal subrogante de Río Cuarto, Ana Curtino, había resuelto apartarse del principio de prejudicialidad al entender que los juicios civiles no pueden estar atados indefinidamente a lo que se resuelva en el proceso penal.

Para avanzar en esa dirección, Curtino se apoyó en ocho causas a punto de ir a juicio, entre ellas la que entabló la actora civil Susana Salcedo de Gómez.

Pero, según se difundió, el Estado nacional apeló la resolución y los expedientes civiles volvieron a estancarse.

“En ocho de las 1.200 causas que están en trámite en la Secretaría Civil, la jueza Curtino se apartó del principio de prejudicialidad que establece el Código Civil; esa sentencia ha sido apelada por el Estado nacional”, reveló al diario La Voz del Interior Teresa Sireix, a cargo de la Secretaría Civil del Juzgado riocuartense.╠

El vía libre que tenían para su resolución las ocho causas referidas, arrastraría a otros 1.200 expedientes que se tramitan en la misma Secretaría Civil de Río Cuarto.

Un abogado riocuartense que atiende unas 250 demandas civiles por la tragedia en Río Tercero, evaluó en cinco millones de pesos el reclamo de ese grupo de accionantes (en promedio, 20 mil pesos cada uno).

Es decir, que los 1.200 expedientes radicados en Secretaría Civil -ahora empantanados por la apelación del Estado- treparían a 24 millones de pesos.

Tampoco es del todo claro el horizonte para los más de 10 mil accionantes que por vía separada son patrocinados por el abogado de la ciudad de Córdoba Mario Ponce.

“Entiendo que en los casos de Ponce se ha cumplido la etapa de demanda y contestación de demanda; pero ahora tienen que transitar toda la parte de la prueba; es como que están más atrasados”, precisó otra fuente judicial.

Los representantes legales del Estado aducen que no se puede dictar condena en materia civil, mientras no se dilucide quién o quiénes fueron los responsables penales de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero. (DyN)