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domingo,
26 de
febrero de
2006 |
Acciones y riesgos
Una represalia violenta y pública contra personas que agreden a terceros con sus delitos suele generar aprobación. Pero quienes proceden de esta forma deben saber que las consecuencias de sus acciones pueden ser ingratas porque la ley no autoriza a nadie, al ser víctima de un ilícito, a tomar la Justicia en sus manos. Si se asumiera que un ladrón resulta con una lesión grave o muere al ser atacado por la persona que sufrió un robo, esta persona debe responder legalmente por esa acción. Es decir: la ofensa sufrida previamente no amparará ni justificará legalmente su reacción. Pero esto no debe llamarle tanto la atención a los vecinos sino a la autoridad pública. Amnistía Internacional advierte que una situación de linchamiento, realizada como "justicia popular", suele aparecer allí donde la presencia del Estado es débil o nula, o es así tomada por los ciudadanos. Los vecinos de Francia al 4700 señalaban justamente que están abrumados por los robos y la falta de protección. Ellos se sienten en riesgo por la inseguridad. Lo paradójico es que la aplicación de Justicia por mano propia, algo que aparece cuando la seguridad estatal está ausente, también los coloca en riesgo.
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