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domingo,
19 de
febrero de
2006 |
opinion
Previsible final
de una situación
advertida y
no escuchada
Marcela Isaías / La Capital
Con hacer un poco de memoria alcanza para recordar cómo muchas escuelas públicas del centro y macrocentro de Rosario eran noticia con frecuencia por experiencias pedagógicas notables, y también por la demanda para conseguir un banco en sus aulas. Y no hay que ir muy atrás, esto pasaba en los primeros años de los 90 en escuelas como la Rivadavia, la Sarmiento, la Juana Manso, la Roque Sáenz Peña, la Riccheri y la Manuel Belgrano, por nombrar algunas de ellas.
Cuando por esos mismos años la ley federal comenzó a difundirse en la provincia no fueron pocas las advertencias de los docentes sobre las consecuencias que dejaría en sus escuelas. Y tuvieron razón. Porque ni bien se conoció el inexplicable modelo con que se implementaría el tercer año de la EGB (7º a 9º años) los padres comenzaron un éxodo sin retorno.
Pero esta es sólo una parte de la historia que ahora muestra su previsible consecuencia. Las políticas educativas provinciales contribuyeron de manera sistemática y perversa a este deterioro. No hubo por años concursos docentes que aseguraran -además de un derecho- jerarquizar el lugar de la enseñanza. Y por si fuera poco, los sueldos se congelaron y las escuelas sufrieron una franca desinversión en infraestructura.
Desigual "competencia"
Junto a esto comenzó una desigual competencia para atraer a los chicos que se iban de los establecimientos públicos a los privados, intentando sostener talleres de todo tipo -en especial de informática e inglés- con las magras recaudaciones de las cooperadoras.
Ante el miedo de perder la matrícula, muchas de estas escuelas y algunas de los barrios comenzaron, la mayoría sin éxito, a pedir que se les habilitaran los 8º y 9º años obligatorios de la EGB. Y las que lo consiguieron tuvieron sus desventajas: no contaban con el personal necesario para hacerse cargo, ni con los espacios adecuados para enseñar (se mezclaron niños de 6 años con los de 15). Y además, ofrecieron una educación que dista de asegurar los mínimos contenidos a quienes después quieren continuar el polimodal.
No es difícil imaginar entonces que si bien para muchas escuelas la recategorización planteada por el Ministerio de Educación significará un beneficio a la hora de entrar en el reparto de cargos y fondos, para otras no será más que poner el sello distintivo de un largo y penoso proceso de deterioro.
Ahora es tarde. Está claro que los maestros tenían razón cuando anticiparon cuánto y cómo las políticas educativas y los cambios introducidos por la ley federal dañaban a sus escuelas.
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