Escribanos tildan de "feudal" al actual sistema de habilitación de su profesión

Acusan al Estado provincialy a su ente colegiado de "poner palos en la rueda" para que nada cambie

Todos han repetido la misma fórmula. Estudiaron seis años y se recibieron de abogados, dos más y se graduaron como escribanos. Desistieron de una matrícula y pagaron 900 pesos por la de notarios, pero sus títulos sólo les sirven para colgar en la pared, porque no pueden ejercer ninguna de las dos profesiones en las que se formaron. Se trata de los casi 30 escribanos matriculados que integran la lista de espera que se renueva cada año. Los obligan a esperar que se produzcan dos fenómenos en simultáneo: quedar primeros en el listado y que se muera o jubile un escribano para ocupar la vacante. Encima, cada vez que no tienen esta suerte, pierden su lugar en la lista y deben abonar la jugosa matrícula más tramitar una información sumaria en Tribunales (se averiguan los antecedentes en todos los juzgados), por la que desembolsan unos cuántos pesos más.

Algunos protestaron ante la Justicia ordinaria, otros presentaron recursos administrativos en el Tribunal de la Superintendencia del Notariado, que ya falló en favor de tres matriculados (ver página 4). No obstante, el consejo directivo del Colegio de Escribanos de la 2ª Circunscripción apeló la medida y, no conforme con ello, envió un telegrama a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados de la provincia pidiendo que sus integrantes se "abstengan del debate y análisis" de un proyecto que ya cuenta con media sanción de esa cámara y ahora está en el Senado.

La iniciativa apunta, entre otras cosas, a que de ahora en más los escribanos se titularicen por concurso de antecedentes y oposición. Una posibilidad de terminar con un "viejo sistema feudal", según remarcan los matriculados.


Un telegrama "improcedente"
El presidente de la comisión y autor del proyecto de reforma de la ley notarial, Mario Esquivel, no dudó en considerar como "manifiestamente improcedente" al telegrama enviado por el Colegio de Escribanos de Rosario y firmado por su presidente José Alejandro Aguilar.

"El texto dice que nos abstengamos del debate y del análisis del proyecto hasta tanto las autoridades del Colegio sean escuchadas. Quiero aclarar que la comisión que presido escuchó a este cuerpo colegiado, y al de la ciudad de Santa Fe, y en más de una oportunidad. Por lo tanto, la misiva me parece una falta de respeto a la condición de legislador, que es justamente la de debatir ideas y proyectos", remarcó Esquivel.

El enojo por el telegrama fue unánime en todos los legisladores de la comisión, que hicieron que el proyecto siguiera su curso normal: se llevó el tema al recinto, se aprobó por unanimidad y luego pasó a la Cámara alta.

Al proyecto se adjuntó una disposición transitoria que establece que en el término de 180 días el Poder Ejecutivo provincial releve la conveniencia de creación en la provincia de registros notariales, tomando en cuenta el crecimiento poblacional y las necesidades socioeconómicas existentes.

Este aspecto no es menor si se tiene en cuenta que un escribano no es un profesional de la talla de un médico, abogado o ingeniero, sino un funcionario designado por el Estado para dar fe pública ante las escrituraciones de propiedades, donaciones, constataciones y sucesiones de herencia, entre otras cosas. Por eso, a diferencia de otros profesionales, está supeditado a que la Legislatura santafesina sancione una ley creando un nuevo registro, hecho que en general se realiza a solicitud del Colegio de Escribanos.

"El escribano es la fe del Estado, no tiene libertad para recibirse y poner su estudio", explicó un profesional que prefirió no identificarse, y opinó que hasta tanto no se convierta el proyecto en ley, el Estado no estaría cumpliendo con su deber de otorgar registros tal como lo estipula el sistema de plazas libres (que no limita el ejercicio de la profesión) regido por la actual Ley Orgánica del Notariado 6.898.


Una esperanza
La cláusula transitoria de la comisión de diputados añade otro artículo que esperanza a los matriculados en espera. Expresa que a partir de que la ley entre en vigencia, se mantendrán las listas por 120 días, y que vencido ese plazo comenzarán los concursos. Subraya además que los primeros diez exámenes se efectuarán entre los inscriptos al 1º de diciembre de 2005. Y de allí en más habrá concursos abiertos, que se realizarán ante un jurado de cinco miembros integrado con representantes de todos los intereses en juego: el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, el subsecretario de Justicia de la provincia, una autoridad del Colegio de Escribanos, un representante del Poder Ejecutivo y un académico especializado en derecho privado.

Interesada por el tema, la diputada provincial por el socialismo Lucrecia Aranda presentó también un proyecto de comunicación en el que pidió la suspensión de las inscripciones de aspirantes para ser designados escribanos titulares y la cobertura de vacantes en base a las listas actuales y en el orden en que están hasta agotarlas. La respuesta está en manos del Ejecutivo, que podría dictar un decreto reglamentario.

(Continúa en página 4)