Al archivo. Resolución a casi 15 años del supuesto "affaire" de los juguetes

La Cámara confirmó que la emblemática causa Vanrell quedó prescripta

Por unanimidad confirmó la sentencia del juez de primera instancia, que había sido apelada por el fiscal

Jorge Sansó de la Madrid / La Capital

Por unanimidad, los integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones confirmaron que la causa contra el ex vicegobernador, Antonio Andrés Vanrell, está prescripta. Es decir, debe ser archivada y olvidada para la Justicia, tras 15 años de iniciada.

Los camaristas Daniel Rucci, Federico Echauri y Carlos Villar, sin disidencias, confirmaron la sentencia por la cual el juez de primera instancia, Mauricio Frois, había resuelto que el caso estaba prescripto a partir de la ley nacional 25.990 que cambió los tiempos procesales (art. 67) y no hizo lugar a la apelación que en contra de esa medida había interpuesto el 26 de septiembre pasado, el fiscal Ricardo Favaretto.

La causa, conocida como el affaire de los juguetes comenzó el 30 de abril de 1990. Entonces, un fiscal pidió que se investigaran compras realizadas por el Senado, conducido por Vanrell, ante la sospecha de que éstas se habían hecho de manera irregular. Se trataba de compras de juguetes y sidras para repartir a la población.

La investigación comprobó que la documentación de esas adquisiciones se sustentaba en facturas falsificadas por la secretaría administrativa de la Cámara de Senadores que, violando la ley de contabilidad, había utilizado ese sistema entre 1898 y 1990.

En las direcciones que figuraban en las facturas de las supuestas empresas Gas Dav, Lo Viste SCA, Santillán y Santillán, Distribuidora del Libro, Juguetilandia, Carmelo Figueroa e Hijo, Distribuidora Córdoba, Embalar, Hansel y Gretel, Superior Mayorista, Casa Pasco, Juan Carlos Otañe SRL, Equipo Tres Construcciones y Constructodo, todas de Rosario, sólo había playas de estacionamientos, consultorios médicos, obras en construcción y hasta parques.

Hubo casos como el de Distribuidora del Libro, que ganó la adjudicación el 10 de octubre de 1989, aunque entregó el correspondiente presupuesto 20 días después. Bajo el mismo mecanismo, la distribuidora Cañada de Gómez llegó a imponerse en una licitación en la que jamás se presentó.

El caso que constituyó uno de los escándalos más sonados de la democracia santafesina y terminó con la destitución del vicegobernador y su fuga (estuvo prófugo seis años) se extendió en el tiempo hasta que el juez Frois condenó a Vanrell a cinco años de prisión pero posteriormente en virtud de la ley 25.990 dispuso el archivo de la misma por prescripción.

Por estos casos el ex vicegobernador fue encontrado responsable por los delitos de falsificación de documento público reiterado, peculado reiterado y asociación ilícita, todo en concurso real y si la primera sentencia de Frois condenando a cinco años a Vanrell hubiera quedado firma, el ex vicegobernador, hubiera debido volver a prisión a cumplir al menos dos tercios de la pena.

Pero el 20 de septiembre, el magistrado dispuso la prescripción de caso. Es que ya en mayo, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal había advertido que el tiempo transcurrido podía impedir el esclarecimiento del sonado caso iniciado 15 años atrás.

El fiscal Favaretto apeló el 26 de septiembre la prescripción dictada por el juez de sentencia por lo que la causa fue elevada a la órbita de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la ciudad de Santa Fe, que, según se conoció en las últimas horas a través del portal de noticias El Consultor Web, confirmó la prescripción.

En aquel entonces el fiscal Favaretto en principio no se había mostrado conforme con el criterio de apelar la decisión adoptada por el juez Frois una semana antes, pero el fiscal de Cámara, Arealdo Bertoldi, dictó expresas instrucciones a su colega de primera instancia para que apelara el decisorio.

La instancia que ahora se abre, si la fiscalía insiste en apelar la medida de prescripción dictada es la Corte Suprema de Justicia. En tal hipótesis, el fiscal de Cámara podría acudir al máximo órgano judicial mediante un recurso de queja, sobre todo teniendo en cuenta que la Corte acaba de levantar la prescripción a otro caso emblemático como es IBM-Banco Provincia.