Expediente clave. Uno de los emblemas de la corrupción en Santa Fe seguirá siendo investigado

Anularon la prescripción de la causa IBM-Banco Provincial

La Suprema Corte rechazó por "arbitraria" la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario

Javier Felcaro / La Capital

La causa IBM-Banco Provincial, uno de los paradigmas de la corrupción en Santa Fe, no prescribió. La Suprema Corte de Justicia anuló por "arbitrariedad" la sentencia emitida a mediados de 2005 por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario y resolvió que el expediente por graves irregularidades en la contratación de servicios informáticos, abierto el 11 de junio de 1991, siga siendo investigado.

Bajo el argumento de "arbitrariedad", el máximo tribunal santafesino anuló (en su acordada del miércoles pasado) la sentencia firmada por los camaristas Ernesto Pangia, Alberto Bernardini y Eduardo Sorrentino, quienes habían declarado prescripta la causa penal que involucra a Carlos Schillagi, de la empresa Genesus (ex Computational 3).

En rigor, la Corte hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado a fines de julio por el fiscal de cámara Danilo Imhoff, quien había considerado que la pesquisa debía continuar más allá de los 14 años transcurridos y de la reforma introducida en el Código Penal por el Congreso de la Nación.

Imhoff había llevado su planteo a la Sala III de la Cámara de Apelaciones, la que elevó el caso a la Corte, cuyos miembros interpretaron que la decisión de la segunda instancia fue arbitraria.

Todo indica que la resolución del alto tribunal servirá como antecedente para otros expedientes en situación similar, como el que investiga al ex vicegobernador Antonio Vanrell por compras a empresas fantasma con fondos del Senado santafesino.

Según el criterio aplicado por la Cámara, la causa IBM-Banco Provincial había prescripto por efecto del retoque al artículo 67 del Código Penal realizado en diciembre de 2004 por el Parlamento nacional.

Sin embargo, la Corte entendió que el expediente no caducó porque el juez de sentencia Julio César García dictó un decreto "que dispone el traslado para la defensa", notificando a los abogados que presentaran las pruebas o elementos considerados necesarios para la táctica en favor de sus clientes.

El artículo 67 establece que "la prescripción se interrumpe por la citación a juicio o acto procesal equivalente", mientras que el Código Procesal santafesino no prevé una instancia en igual sentido.

No obstante, para el máximo tribunal la resolución firmada por el magistrado sí tuvo un fin equivalente y, por esa razón, se impidió la caducidad del voluminoso expediente.

La Corte también estimó que, de no realizarse esa equivalencia, se incurriría en la violación del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, porque la situación de los imputados por la Justicia nacional diferiría de la de aquellos con causas abiertas en la provincia.

El primero en emitir su voto fue el ministro Mario Netri. Y adhirieron en forma unánime sus pares Rafael Gutiérrez (presidente del alto tribunal), María Angélica Gastaldi, Eduardo Spuler y Rodolfo Vigo.

En 1991, el banco (por entonces en manos del Estado santafesino) selló un contrato con la empresa IBM para la instalación de equipos y programas. El valor de la operación fue de 28.765.000 pesos/dólares.

Llamativamente, se desestimaron las empresas que presentaron las mejores ofertas y la corporación estadounidense (descalificada inicialmente) fue admitida tras declararse desierto el primer concurso. Incluso la firma NCR impugnó el contrato, pero el directorio del banco desconoció el planteo.

Paralelamente, se encendió un gran ventilador que impulsó presentaciones judiciales contra IBM en distintos puntos de la Argentina, entre ellas el escándalo con el Banco Nación.

En 1996 las irregularidades (cambios en la licitación y sugerencias de IBM) quedaron al descubierto merced a la auditoría de la consultora González Fisher, en el marco de la pesquisa que el juez Carlos Carbone venía instruyendo desde hacía dos años.

El magistrado procesó a dieciocho personas, entre ellas a Marcelo Cattáneo, de la firma Consad (subcontratista de IBM), quien apareció ahorcado el 4 de octubre de 1998 en un descampado cercano a la Ciudad Universitaria de Buenos Aires. Todavía no se sabe si se suicidó o lo asesinaron.

Carbone también encartó a seis ex directivos del banco. Pero la resolución fue apelada y, en febrero de 1998, la Sala I de la Cámara revocó la mayoría de los procesamientos.

Sólo cinco personas terminaron con procesamientos confirmados por administración fraudulenta, entre ellas Nicolás Baclini, ex presidente del banco y único representante de la entidad financiera (ver aparte).

La resolución previa de la Cámara en favor de Schillagi (sus abogados fueron los que plantearon la prescripción) había dejado a Baclini prácticamente absuelto. Ahora queda la última chance de hallar a algún responsable, tarea de dudoso pronóstico si se hurga en el historial del meandroso caso.

La Corte resolvió la continuidad de las pesquisas.