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domingo,
04 de
diciembre de
2005 |
Polémica por la GUM cañadense
Cañada de Gómez.- "Los miembros de la Guardia Urbana Municipal no están en condiciones laborales ni salariales para labrar actas de infracción. Estos trabajadores son vulnerables a coimas", disparó el edil Enrique Rógani luego de que el bloque opositor se negara a aprobar el aumento de las facultades a los miembros de esa dependencia para que comiencen a labrar actas de infracción.
La Alianza hizo valer la mayoría que aún mantiene en el Concejo para que el proyecto de la intendenta Stella Clérici continuara en estudio de comisión. La jefa comunal quiere que los miembros de la Guardia Urbana se conviertan en inspectores en lo referente al control de las transgresiones a la normativa vigente.
El bloque oficialista señaló que el argumento esbozado por la Alianza es "disparatado", debido a que se trata de personal contratado que tiene un salario de bolsillo de 900 pesos. "Hace más de un mes y medio que se está estudiando un tema que no reviste ninguna complejidad porque la etapa experimental fue superada", señaló el edil Guillermo Virgilli.
"Estas personas se han formado y poseen una experiencia laboral de varios meses. El Ejecutivo hizo una evaluación positiva sobre el desempeño del personal y llegó a la conclusión de que los actuales miembros de esa dependencia están en condiciones de desempeñar funciones más amplias", añadió el edil justicialista.
Por su parte, el edil Enrique Rógani expresó que la Alianza pretende hacer una serie de consultas antes de aprobar el proyecto de Clérici. Las dudas radican en las condiciones laborales y salariales en las que se desempeñan esos trabajadores, debido a que no forman parte de la planta permanente. "Coincidimos en que tiene que haber más inspectores, pero necesitamos un informe para saber cómo han rendido cada uno de ellos. Estas personas deben estar amparadas por una sólida situación laboral además de contar con obra social y los beneficios que goza el empleado municipal", añadió Rógani.
Los ediles de la Alianza pretenden que por otros seis meses se sigan labrando actas de infracción "preventivas", hasta que los contratados pasen a la planta permanente de personal. "Esa es mi postura y le pedí a mis pares que me acompañen porque este tipo de actitudes afecta a la Caja de Jubilaciones", resaltó Rógani.
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