Diputados puso en la mira a la gestión socialista

La Cámara baja santafesina aprobó pedidos de informes sobre supuestas irregularidades de la Municipalidad de Rosario

En su última sesión ordinaria, la Cámara de Diputados santafesina aprobó dos pedidos de informes sobre sendos actos administrativos de la gestión socialista en el municipio de Rosario. Uno de ellos es la concesión de la terminal de ómnibus, durante la intendencia de Hermes Binner; el otro, la licitación del relleno con residuos urbanos en un predio del barrio de Bella Vista, ya en tiempos de Miguel Lifschitz.

  Para avanzar en la primera cuestión (impulsada por los diputados del PJ Jorge Lagna y Laura Venesia) se le pide a la Suprema Corte de Justicia que informe sobre el expediente radicado en el Juzgado de Instrucción de los Tribunales de Rosario a partir de una denuncia de un concejal.

  En la misma se hace mención a un dictamen del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad (19-8-2003) sobre presuntas irregularidades en el contrato de concesión y su cumplimiento entre la Municipalidad de Rosario y la Asociación de Concesionarios de la Estación Terminal de Omnibus Mariano Moreno (Acetomm) para la explotación del citado complejo, que nuclea el transporte de pasajeros de larga y media distancias.

  El pedido, con despacho favorable de las comisiones de Asuntos Comunales y de Asuntos Constitucionales y con la firma de los diputados del PJ, requiere a la Corte la remisión de copias de dichas actuaciones a la Cámara baja.

  El otro pedido de informes —también presentado por un grupo de legisladores del PJ— tiene que ver con una licitación pública del municipio rosarino para el tratamiento de residuos domiciliarios inertes (plástico, metal, vidrio, etcétera) y operación de planta ubicada en la zona de Bella Vista.

  Sobre esta cuestión se le solicita al Ejecutivo que se informe si la Municipalidad de Rosario cumplió con lo prescripto por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

  El propósito de la referida licitación era ampliar la planta de tratamiento de materiales inertes (plástico, vidrio, chatarra y escombros) y mejorar el centro de transferencia de los residuos domiciliarios que luego van al relleno sanitario de Ricardone.

  Los pliegos despertaron sospechas por una cláusula que consagra la eventualidad de disponer hasta 19 mil toneladas al mes de basura orgánica, lo que hizo pensar en una licitación encubierta de un nuevo relleno sanitario dentro del ejido urbano, para lo se requiere de un estudio de impacto ambiental, que aparentemente no se hizo.

  En este caso el despacho de Asuntos Constitucionales recibió el apoyo no sólo del oficialismo sino también del resto de los legisladores de la oposición, con la obvia excepción de los socialistas.