Las enseñanzas del financiamiento

La sanción de la ley que aumentará los recursos para educación allana el camino para avanzar sobre las causas pendientes del sistema

Matias Loja

Luego de innumerables rondas de consultas, y tras haber recibido un amplio apoyo, no solamente de los actores directos de la educación -académicos y gremios, entre otros-, sino también de la dirigencia política y empresarial del país, la largamente prometida ley de financiamiento educativo hizo su ingreso en el Congreso Nacional para ser tratada.

El pasaje del actual 4 por ciento de inversión educativa nacional al 6 por ciento, en un lapso de cinco años, pareciera ser el punto más destacado de la norma propuesta por el Ejecutivo que, tras haber recibido en los últimos días de noviembre ya media sanción por parte del Senado, se apresta a correr con la misma suerte en la Cámara Baja.

Muchas voces, algunas a favor y otras con ciertas reservas, se han alzado desde que a principios de septiembre el gobierno nacional hiciera la presentación pública del proyecto de ley de financiamiento educativo, un viejo reclamo de los gremios docentes de los distintos niveles.

En este sentido, es interesante destacar que desde un comienzo, al menos desde que se conoció el primer borrador de la misma, esta ley ha despertado algunas críticas bastante significativas. Entre ellas, la no inclusión de las universidades -al menos en la primer copia girada a los rectores- como destinatarios explícitos de una asignación futura. También la fuerte responsabilidad económica que les implicará a las provincias cumplir con dicha norma, pues éstas cargarán con el 60 por ciento del aumento presupuestario, fue otro de los puntos que despertaron la alarma.

Aún así, y más allá del fantasma de la ley federal de educación, que garantizaba similares metas financieras que finalmente no fueron alcanzadas, en general , reinó en el ambiente un amplio consenso que, al menos en materia educativa, hacía ya un buen rato que no se desplegaba.

Es que, en términos generales, la norma, además de atar la inversión del sector al crecimiento del PBI, que según algunos cálculos permitirán aumentar las partidas en un 130 por ciento, posibilitará fundamentalmente tener un presupuesto sostenido y previsible, algo que para muchos actores de la educación, y tras años de reclamos, era a estas alturas casi una utopía.

"Permitirá a las universidades salir definitivamente de años de ahogo presupuestario", fue una de las lecturas escuchadas en los pasillos de las casas de altos estudio. Atada en los últimos tiempos a los vaivenes de la política nacional, la educación superior era uno de los nichos más postergados del sistema educativo nacional.Por su parte, para el sector docente, el proyecto de ley también prorroga, a partir de enero de 2004, por cinco años más la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

Ante este cúmulo de elementos, conviene esbozar algunas lecturas posibles que la inminente sanción de esta ley ofrece a modo de enseñanzas.


Acuerdo general
Más allá de ciertos puntos discutibles que tiene la nueva ley, en general ha recibido la aprobación de la mayoría de los sectores preocupados por la enseñanza argentina, que ven en esta una "oportunidad histórica" de cambiar definidamente el rumbo educativo, lo que demuestra que, más allá de las lógicas, y por otra parte necesarias diferencias en cuanto al proyecto educativo que se pretende, es posible avanzar en determinados acuerdos esenciales. Victoria que no le pertenece sólo al Ejecutivo nacional, sino principalmente a las distintas partes que, durante meses, participaron de los debates previos.


Bolsillos llenos
La ley de financiamiento, opinan los especialistas que han seguido el tema desde sus inicios, no debe entenderse como la panacea que, cual remedio mágico, permitirá curar todos los huecos financieros del sistema. Pero sí es una señal importante que nutre al sistema de una pauta presupuestaria que camina paralela al crecimiento económico del país. Esto, que a simple vista parece una obviedad, deja de serlo cuando se recuerda que durante años el discurso imperante era que no se podía invertir más en educación hasta que no se crezca lo suficiente como para que esas ganancias comiencen a derramarse por toda la sociedad. Lo cual implicó la muy discutible exigencia de usar más racionalmente los cada vez más flacos recursos.

Si bien la asfixia presupuestaria a sido una constante desde hace años en el sistema educativo, resta aún avanzar en temas de agenda que escapan los números económicos, pues hay decisiones de índole política, que merecen discusiones tanto o más profundas que las financieras, pues atañen al rumbo estratégico de la educación nacional.

Por ejemplo, una visión integradora que apueste al futuro del país basado en la educación de calidad en todos sus niveles, pero que a su vez no pierda de vista, más allá de su rol pedagógico, su función social para vastos sectores de la sociedad excluidos de los demás escenarios del sistema.

Probablemente sea hora de iniciar una etapa de cambios postergados, en donde la desigualdad, la fragmentación y la exclusión pasen al terreno del olvido, en una dirección que recupere y actualice la historia social de la educación que ate su caminar, no a los vaivenes políticos que tan caro le ha costado la país, pero sí a la construcción de un proyecto estratégico más justo y equitativo que el actual.

Educación de calidad en todos los niveles es uno de los mayores desafíos de la educación argentina.