El "affaire" energético tiene tres nuevos imputados

Son tres clientes domiciliarios de la EPE que fueron indagados por Carbone. Aún hay otros tres detenidos

La investigación por el robo de energía que lleva adelante el juez de instrucción Carlos Carbone sigue avanzado. Tal es así que entre la noche de anteayer y ayer por la mañana, el magistrado indagó a tres clientes particulares de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) que tenían adulterados los medidores de sus viviendas y aunque quedaron en libertad, están imputados por fraude a la administración pública.

A partir de una denuncia presentada por las autoridades de la EPE, el affaire energético -que ya es conocido como Operación Cangrejo- comenzó a ser investigado hace once meses por el juzgado de Carbone, conjuntamente con las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) y técnicos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Ahora la causa ya suma una veintena de imputados, entre ellos comerciantes y clientes particulares, además de cuatro empleados y un electricista que están imputados por asociación ilícita, dos de los cuales siguen detenidos.

Una de las últimas imputadas en la causa por tener adulterado el medidor de su domicilio es Graciela Esther Scharr, que vive en Reconquista 1120, en Arroyito. El caso rebotó por los pasillos de los Tribunales, donde se comentaba que el inmueble de la mujer era "una verdadera mansión" y hasta se escuchó: "No eran ningunos muertos de hambre".

Los otros dos clientes indagados por el magistrado fueron Juan Carlos Barbulo, que vive en Chubut 2482, de Granadero Baigorria, y Diego Leonese, con domicilio en San Luis 131, de Capitán Bermúdez.

Ahora los tres están imputados en la causa por fraude a la administración pública, aunque por disposición del magistrado quedaron en libertad.


Todavía detenidos
Otra es la situación de los cuatro empleados de la EPE y del electricista que investigó el juez Carbone. Es que estas cinco personas no sólo están imputadas por fraude a la administración pública, sino también por llevar adelante una asociación ilícita.

Por eso, si bien el magistrado les otorgó la libertad a dos de los empleados, Pedro Catizone y Daniel Ferrari, la excarcelación le fue negada a Juan Carlos Spetale y a Humberto Muriel por considerarlos jefes de la asociación ilícita que llevaba adelante las adulteraciones.

Y la misma suerte corrió el electricista Angel Oscar Colazo, que continúa en la comisaría 6ª. En su resolución, el magistrado no sólo hizo referencia al "tenor de los elementos secuestrados en su casa, idóneos para lograr el modus operandi imputado", sino que además advirtió que existen elementos que "hacen probabilizar que trate de eludir la acción de la Justicia o perturbar las investigaciones".

Lo cierto es que este grupo de empleados, acompañados por Colazo, serían los encargados de enganchar a los clientes en las zonas norte y oeste de la ciudad a través de diferentes maniobras.

Entre ellas se contaban la adulteración de los medidores, la inversión de los cables, la realización de un puente con conexión cero o la colocación de un cangrejo. Este último, que le dio nombre de Operación Cangrejo a la investigación, es un aparato que una vez instalado en los medidores hace que el conteo de kilovatios "camine para atrás".

Por alguno de estos servicios, realizados tanto en comercios como en viviendas particulares, el grupo cobraba entre 200 y 500 pesos. La contrapartida para los clientes que los contrataban era un beneficio de un 60 por ciento de descuento en la facturación bimestral.

Sin embargo, todo indica que el affaire energético lejos está de llegar a su fin. Es más, el propio Carbone no descartó la realización de más allanamientos y más indagatorias en el marco de esta investigación.