La Federal interviene en la causa de los desarmaderos en Rosario

Lo resolvió un juez. La decisión implica algún grado de sospecha a la policía provincial por ineficacia o connivencia con quienes venden repuestos ilícitos

María Laura Cicerchia / La Capital

El juez que investiga los desarmaderos clausurados en Rosario hace 20 días le dio intervención a la Policía Federal para que confeccione un listado de las autopartes que se comercializaban en esos locales, cuyo dueño está imputado de instigar a robar autos para desguace. Aunque nadie lo admita oficialmente, en la decisión de delegar esa tarea en la fuerza nacional subyace la idea de que la policía provincial está incapacitada o al menos sospechada para inspeccionar la venta de repuestos de dudoso origen.

La intervención de la Federal en la pesquisa por el mercado de autopartes de Rosario fue ordenada por el titular del juzgado de Instrucción Nº 4, Jorge Eldo Juárez. El juez tiene a su cargo un expediente donde investiga la presunta comercialización ilícita de repuestos. El principal imputado en esa causa es Domingo Lattuca, un conocido comerciante del rubro que ya había aparecido en las páginas policiales ante un extraño ataque en su casa de barrio Belgrano.

El 31 de octubre pasado, Lattuca y su hijo fueron detenidos en su depósito de Génova al 7600. Los arrestos se ordenaron luego de que policías de la seccional 2ª detuvieran a una pareja que andaba en una moto por el centro con un manojo de llaves de distintos autos, una yuga para manipular cerraduras y un listado de los vehículos que, según declararon, debían robar a cambio de una suma de dinero. Los jóvenes dijeron que Lattuca les había encomendado ese trabajo. Así, el comerciante quedó imputado de instigación al robo de autos y encubrimiento. Pero aún no fue indagado porque el juez espera el resultado de una serie de informes que ordenó a la seccional y a la Afip.

Ayer la policía remitió al juzgado una copia de las actuaciones realizadas en el galpón de calle Génova y en un negocio que también funciona como desarmadero, de Eva Perón 7201. En el depósito de calle Génova, de 50 metros por 40, hallaron motores, bombas inyectoras y chasis valuados en dos millones de pesos. Las fotos del local son elocuentes: se encuentran allí los repuestos que se busquen, clasificados en estantes, de todas las marcas y colores. En una imagen, por ejemplo, se observan paragolpes para distintos modelos de vehículos Hyundai, Audi, Rover y Chevrolet; además de tapas de baúles, puertas y piezas pequeñas.

Ahora el juez pretende que todas esas piezas sean inventariadas para saber si son reglamentarias o de procedencia ilícita. Esta es la tarea que encomendó a la Federal. La elección de esa repartición deja en evidencia la falencia de la policía provincial en la materia. "El mensaje es que la policía provincial no sabe o no quiere investigar a los desarmaderos", sostuvo un allegado a la causa. No obstante, Juárez asegura que su decisión se fundamenta en la experiencia que obtuvo la Policía Federal al investigar los desarmaderos de la calle Warnes de Buenos Aires.

"Acá no hay que contar dos tornillitos. Es un gran búnker de repuestos", graficó una fuente. Lo que faculta a Juárez a investigar el origen de los repuestos es la ley 25.761, promulgada el 7 de agosto de 2003 cuando Gustavo Béliz estaba al frente del Ministerio de Justicia de la Nación y la discusión sobre las muertes en robos de autos y el nexo policial con los desarmaderos era candente. En Rosario, según estadísticas recientes, se roban de la vía pública un promedio de 2,4 autos por día, sin lesiones a sus dueños. Los 736 autos robados hasta comienzos de noviembre superaron los 588 sustraídos en todo 2004. Cada robo conduce al corazón de los desarmaderos: se llevan autos comunes y con repuestos fáciles de colocar.

La ley por la cual Juárez quiere conocer el origen de las piezas del galpón de los Lattuca se aprobó con el fin de aclarar la compraventa de autos usados y combatir el mercado negro de los desarmaderos. La norma nacional consigna que todo propietario que decida desarmar su auto deberá solicitar la baja ante el Registro del Automotor. También obliga a los vendedores de repuestos a prestar una declaración jurada sobre el stock de piezas en su poder. Y faculta a las autoridades policiales a realizar inspecciones en negocios del ramo.

Desde su promulgación, al despiezar un auto se le debe colocar a cada pieza un número identificatorio otorgado por el Registro de la Propiedad Automotor y se deben destruir los repuestos cuya reventa no esté autorizada.

El mismo cuerpo legal prevé multas de hasta 30 mil pesos a quien desarme un auto sin autorización, así como penas de 14 días a 3 meses de prisión si se trata de una actividad habitual. En ese caso, las multas ascienden hasta los 200 mil pesos. La tarea que quedó en manos de la Federal apunta a desentrañar si el negocio de Lattuca se encuentra dentro de alguno de estos supuestos.