Modificación

contenido en el mensaje del PE por el cual se establecían topes máximos a las jubilaciones en el régimen provincial. Se satisfizo, de esta manera, la postura del Poder Judicial a partir de la acordada dada a conocer el miércoles por la Corte Suprema. En ese documento, el Alto Tribunal pidió a los otros dos poderes que "se le reconozca el espacio que le corresponde constitucionalmente a la hora de reformar aspectos sustanciales en el sistema jurídico provincial".

Lo que la Corte le reclamaba a los otros dos poderes era la necesidad de tener en cuenta "la vasta jurisprudencia en los tribunales provinciales y nacionales a los efectos de evitar dispendios jurisdiccionales, y perturbaciones en el sistema jurídico provincial y las consecuentes repercusiones que pueden provocarse en el funcionamiento normal del Estado".

La sola mención de topes provocó tal escozor en el ámbito del Poder Judicial -el gremio de judiciales fue uno de los que junto a Amsafé no participó de las reuniones en la mesa de consenso-, que este malestar se tradujo de inmediato en la acordada de la Corte a solo pocas horas de la sanción de la reforma en la Cámara de Diputados. Lo cierto que el documento del Alto Tribunal, y la amenaza de que nuevamente una oleada de juicios se pudiera esparcir a lo largo de los tribunales provinciales, fue motivo suficiente para que los distintos sectores del bloque peronista se decidieran a anular los topes máximos jubilatorios.


Las intimaciones a Amsafé
Por otra parte, el secretario provincial de Trabajo, Alberto Gianneschi, confirmó ayer a La Capital que en la mañana de la víspera se remitieron las actuaciones relacionadas con Amsafé al Ministerio de Trabajo de la Nación para que analice las medidas que deben adoptarse con el gremio docente al no haber acatado la conciliación obligatoria.

El titular de Trabajo de la provincia comentó que la medida debía ser cumplimentada porque así lo determina la ley Nº23.551 de asociaciones sindicales, y aclaró que la cartera laboral nacional tiene la prerrogativa de establecer si corresponde, o no, dar traslado a la Cámara Nacional de Apelaciones.

Es en esta última instancia donde debe establecerse el tipo de sanción que le puede caber al gremio en conflicto. El funcionario manifestó desconocer el tiempo que se tomará el Ministerio nacional para resolver en la disputa.

Asimismo, confirmó que en la jornada de ayer el gobernador Jorge Obeid se comunicó con el ministro Miguel Angel Tomada, para hacerle conocer la posición de su administración en torno a estos hechos. Aclaró Gianneschi también que, en el ámbito de su competencia, se abrió un sumario para analizar la situación de Amsafé. Las autoridades consideran que el gremio ha incurrido en obstrucción a las actividades de la Secretaría al no haber acatado la conciliación obligatoria.