Se ahonda la polémica por el aplazo de la cárcel federal

La cancelación de la licitación de tres cárceles federales dispuesta por el gobierno nacional tras denunciarse sobreprecios de hasta el 80% en su preadjudicación repercutió ayer en Santa Fe ya que una de ellas iba a ser edificada en Coronda.

"Esperamos que sea una suspensión temporaria y no un punto final del proceso", dijo el subsecretario de Asuntos Penales santafesino, José Luis Benaglia, quien aseguró no haber sido notificado de la resolución. En penales provinciales hay 100 detenidos por delitos federales.

El proceso fue anulado el fin de la semana pasada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, en coincidencia con la difusión de presuntos sobreprecios y el trámite de una causa penal.

Fue el diputado nacional Adrián Pérez (ARI) quien denunció ante la Justicia federal que se habrían fijado sobreprecios de más del 80%. Según el legislador, los presupuestos pautados para las cárceles eran de 23, 38 y 124 millones de pesos para Santa Fe, Salta y Buenos Aires, respectivamente, aunque se preadjudicaron en 42, 64 y 189 millones.

La causa recayó sobre el juez federal Julián Ercolini, mientras que su par Claudio Bonadío investiga a los ex ministros de Justicia Gustavo Beliz y Horacio Rosatti por las pésimas condiciones de alojamiento registradas en las cárceles bajo su órbita.

De Vido reconoció que los "precios establecidos (en las licitaciones) se ajustaron en un par de oportunidades para dar respuestas a los requerimientos hechos desde Justicia".

Martín Montero, ex secretario de Asuntos Penitenciarios durante la gestión de Beliz, admitió el pedido de "un 25% más" en el presupuesto para los tres penales debido al incremento en los costos de la licitación. Aunque aseguró que "de ninguna manera fue un aumento del 80%".

Fuentes allegadas a Rosatti indicaron que el santafesino renunció a su cargo "en parte" por su oposición a la forma en que se desarrollaba el proceso licitatorio. "El hecho formó parte de una suma de factores que restaron razones a Rosatti para permanecer en el cargo", explicó el vocero. El ex ministro habría pedido un informe sobre el tema en junio pasado y, al observar la situación, no quiso firmar las preadjudicaciones.

Por eso, el candidato a senador nacional Ricardo López Murphy (Recrear) consideró que la causa "no debe quedar impune". Y enfatizó: "Si Rosatti tuvo la actitud de no firmar e impedir el escándalo, sería bueno que dijera lo que sabe".