Aprobaron el desafuero del diputado que denunció corrupción en PT

Brasilia- En una jornada marcada por tensiones y crisis, la Cámara Baja de Brasil aprobó hoy, por 313 votos a 156, el desafuero del diputado derechista Roberto Jefferson, quien desató la peor crisis del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva al denunciar graves prácticas de corrupción.

En su último discurso como diputado federal, Jefferson atacó duramente a Lula, al afirmar que su gobierno es "el más corrupto de que he sido jamás testigo".

El político, quien hoy fue despojado de su mandato y quedó inhabilitado por ocho años para el ejercicio de cargos públicos, ratificó ante la Cámara Baja la denuncia según la cual el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula pagó sobornos a diputados aliados para obtener su apoyo en el Congreso.

Jefferson insinuó además que Lula da Silva estaría enterado del esquema ilegal, y exhortó a sus pares a investigar "el Palacio del Planalto" (Presidencia): "Sí él no practicó activamente el delito, al menos se omitió", acusó.

El discurso final no logró convencer a la mayoría de los integrantes de la Cámara Baja: la propuesta de desafuero de Jefferson recibió 56 votos más que los 257 necesarios para su aprobación.

No obstante, los abogados de Jefferson anunciaron que recurrirán al Supremo Tribunal Federal (STF) para intentar anular el desafuero del diputado.

El proceso contra Jefferson se debe a que el diputado admitió haber recibido cuatro millones de reales (alrededor de 1,7 millones de dólares) de un esquema ilegal de financiamiento de aliados políticos que, según afirmó, sería encabezado por el ex ministro jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, José Dirceu.

Además, el informante del proceso, el diputado Jairo Carneiro, sostuvo que las denuncias de Jefferson no han sido totalmente comprobadas, ya que no se han confirmado transferencias a muchos legisladores a los que acusó de ser beneficiarios del esquema ilegal.

La sesión se realizó en medio de un ambiente de crisis, generado por las fuertes sospechas de corrupción que pesan sobre el presidente de la Cámara, el diputado Severino Cavalcanti, del Partido Progresista (PP, de derecha).

La situación de Cavalcanti se complicó este miércoles, después de que el empresario Sebastiao Buani presentara a la Policía Federal y a la prensa la copia de un cheque que habría emitido para pagarle sobornos al presidente de la Cámara Baja.

Buani afirmó que fue "extorsionado" por Cavalcanti, quien le exigió 17.200 dólares, además de pagos regulares por unos 4.200 dólares mensuales, para autorizar la prórroga del contrato de su restaurante, que funciona en las dependencias de la Cámara Baja.

Cavalcanti, quien el domingo rechazó las acusaciones y descartó la posibilidad de renunciar o de pedir licencia, hoy se abstuvo de presidir la sesión de votación sobre el desafuero de Jefferson.

Las nuevas denuncias llevaron el líder del PT, Henrique Fontana -quien hasta ahora se había mantenido neutral frente a las denuncias- a apoyar la "renuncia inmediata de Cavalcanti, mientras que el presidente del Consejo de Etica de la Cámara Baja, Ricardo Izar, sostuvo que el diputado "ya no tiene condiciones" de seguir en el cargo.

Izar elevó además a la dirección de la Cámara el pedido de desafuero de Cavalcanti, formalizado ayer por cinco partidos de oposición, a los cuales se sumaron hoy dos agrupaciones aliadas del gobierno, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el Partido Socialista Brasileño (PSB).

Por otra parte, la jornada parlamentaria fue marcada por críticas a la decisión del presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Nelson Jobim, quien hoy suspendió la tramitación de los procesos de desafuero de seis diputados federales del PT acusados de vínculos con el supuesto esquema de pago de sobornos denunciado por Jefferson.

La decisión de la Corte Suprema generó protestas por parte del presidente del Consejo de Etica de la Cámara, el diputado Ricardo Izar, quien la calificó de "lamentable injerencia del Poder Judicial en el Poder Legislativo".

El Consejo de Etica recibió hoy las acusaciones contra los 17 legisladores que, según dos Comisiones Parlamentarias de Investigación (CPI), tienen vínculos con el esquema ilegal de transferencias financieras a legisladores aliados.

"Voy a suspender solamente las acciones del Consejo que se refieren a los seis diputados petistas. Los demás procesos serán instalados mañana normalmente. Los demás serán enviados al Corregimiento de la Cámara, para que se abra un plazo de defensa y ellos sean escuchados allá", agregó Izar. (DPA)