La Justicia constató el "inhumano" estado del penal de menores de la 6ª

Verificaron con fotos el crítico hábitat de 27 jóvenes. Hace tres años está en pie una intimación judicial para retirar a jóvenes de comisarías en Rosario

María Laura Cicerchia / La Capital

El informe de una asistente social y fotos tomadas en el penal de la comisaría 6ª constataron de modo elocuente, según fuentes judiciales, las pésimas condiciones en que viven allí 27 chicos bajo tutela. El "inhumano" estado de esa dependencia policial fue denunciado el jueves por el padre de un chico de 17 años, quien presentó un recurso de hábeas corpus correctivo para que cese el estado de abandono. Ahora el juez de Menores Juan Artigas espera el dictamen de una fiscal antes de resolver si hace lugar al pedido. Lejos de revelar una situación nueva, la presentación descubre la falta de respuesta del Estado al problema. Hace tres años que en Rosario se encuentra en pie una intimación judicial al gobierno para que retire a los jóvenes de comisarías y disponga para ellos de un sitio digno.

El recurso fue radicado el jueves por el padre de un chico de 17 años que desde hace 15 días se encuentra en la comisaría de San Luis al 3200, para protegerlo de las "condiciones infrahumanas de detención" que sufre en ese lugar. "El papá de este chico se presentó en la asesoría, le tomamos la denuncia y la enviamos al juzgado. El chico se había ido del Irar y por eso no volvieron a admitirlo allí y lo derivaron a la seccional 6ª. El papá no está de acuerdo con que esté en ese lugar porque no está en buenas condiciones. No denunció maltrato físico sino que en el lugar no había agua y hacía mucho frío", comentó el asesor de menores Luciano Corvalán.

Luego el juez a cargo del recurso recibió el informe de una asistente social que recorrió las instalaciones de la 6ª y fotografías que reflejan el deterioro. Allí se menciona que los chicos soportan hacinamiento, humedad, mala alimentación, y que por lo tanto "no están dadas las condiciones mínimas de habitabilidad".

Con esa documentación que avala lo reflejado por la denuncia, el recurso fue enviado a la fiscal Alicia Donni para que dictamine si, a su criterio, la presentación debe prosperar o debe rechazarse por falta de fundamentos. La decisión final la tendrá el juez Artigas, quien resolverá si hace lugar al reclamo o no. En caso de que decida poner fin al agravamiento de las condiciones de alojamiento la medida se haría extensiva a todos los adolescentes que viven en la 6ª.

Este reclamo por los jóvenes recluidos en la 6ª se suma a uno realizado en 2002 por los mismos asesores de menores de los Tribunales provinciales. Entonces, ante el estado de los lugares de alojamiento de jóvenes, elaboraron un recurso de hábeas corpus que fue resuelto favorablemente por el mismo juez Artigas. En esa ocasión, el magistrado intimó a la provincia a sacar a los menores de las seccionales 2ª, 4ª y 21ª.

A pesar de que estos recursos deben ser resueltos en forma urgente, el plazo impuesto al gobierno se fue prorrogando y el problema subsiste. Hoy ese recurso sigue abierto y en suspenso, pero desnaturalizado por el paso del tiempo. La chance que tiene a mano el juez Artigas es la de anexar el nuevo reclamo al anterior.

El deficiente estado de la seccional 6ª fue documentado en un informe de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), que refleja el sistemático incumplimiento de los Derechos del Niño en los lugares de alojamiento de menores, cuyo encierro se fundamenta en la tutela, el estado de riesgo o la falta de contención familiar.

Cuando los integrantes de la CTC fueron a constatar cómo están los chicos en la 6ª los encontraron semidesnudos y temblando de frío. Los jóvenes tuvieron que pedirles a los policías que les entregaran su ropa para poder recibir, vestidos, a los integrantes de la entidad. En cuclillas o arrodillas en un pasillo mojado, comían en el suelo de unas bandejas de plástico que contenían su única ración diaria: arroz y papas. El resto de la comida suministrada eran dos panes por chico.

Conseguir atención médica, según el informe, fue una odisea. Los colchones no alcanzan para todos, la ventilación es insuficiente y sólo están dos horas por día en el patio. No cuentan con ningún tipo de actividad recreativa y, a pesar de que están en guarda, no van a la escuela, lo que vulnera la Constitución.

La situación se agrava por la falta de agua caliente (las autoridades no aceptan un calefón eléctrico que quieren aportar los familiares). Asimismo, los jóvenes relataron a la CTC frecuentes episodios de castigo policial y requisas abusivas, en las que les quitan efectos personales como cartas y fotos.

Falta de atención médica, de sitios para dormir y ventilación son los hechos corroborados.