Trabajo. La problemática que afecta a los sectores público y privado aún sigue sin tener un abordaje serio. Santa Fe ya tiene una ley sobre el tema

Violencia laboral: trabajando con el enemigo

En Santa Fe hay más de 100 denuncias de empleados estatales y no hay cuantificación en empresas. Los casos van desde hostigamiento psicológico hasta acoso sexual

Sandra Cicaré / La Capital

Cuchillo en mano (en rigor sobre su escritorio) el director de un hospital público de la provincia "resolvía" -amenazas de por medio- las diferencias con su personal. Tras un proceso prolongado de hostigamiento y presiones que se fueron generalizando y en las que terminó interviniendo la policía, sus superiores decidieron trasladarlo y entendieron que así, el problema estaba resuelto.

El caso, tal vez uno de los más contundentes a la hora de dar cuenta de la violencia en el ámbito laboral, es uno de los más de 100 que fueron detectados por uno de los gremios que nuclea a los trabajadores del sector público santafesino y que se repiten bajo fórmulas tan variadas que van desde el acoso sexual hasta el hostigamiento moral (mobbing) que sufren los trabajadores tanto de parte de personal jerárquico como de sus pares.

Pero al mismo tiempo, el hecho tiempo muestra con claridad cómo esta problemática laboral aún no está asumida como tal y el abordaje de la misma se parece más al famoso dicho de "meter la basura debajo de la alfombra" en lugar de a un tratamiento integral del problema.


Juegos de manos
La semana que pasó la Legislatura provincial aprobó una ley impulsada por los diputados Alberto Maguid (PJ) y Alfredo Cecchi (PS) que busca "prevenir, controlar y sancionar la violencia en la administración pública" y al mismo tiempo proteger tanto a las víctimas como a los testigos.

"Los últimos estudios internacionales indican que la administración pública y las organizaciones están violentas, hay un clima laboral negativo que influye en el rendimiento, la productividad, las relaciones interpersonales e incluso la atención al público", explicó Beatriz Liliana Weisemberg, secretaria de Igualdad de Oportunidades de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) regional Santa Fe.

El gremio encaró hace tres años una campaña a nivel nacional para lograr disminuir la violencia laboral en la administración pública. Ya existen leyes en este sentido en Tucumán, Buenos Aires y ahora en Santa Fe.

Desde diciembre de 2003 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con una ley que sanciona "toda acción ejercida sobre un/una trabajador/a por personal jerárquico que atente contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica o social de aquel/aquella mediante amenaza, intimidación, abuso de poder, acoso, acoso sexual, maltrato físico o psicológico, social u ofensa ejercida sobre un/a trabajador/a".

De todos modos, la norma provincial -que aún espera la reglamentación- avanza un poco más allá de las del resto de las provincias, ya que comprende no sólo al Poder Ejecutivo, sino además a los tres poderes del Estado, organismos descentralizados y autárquicos y los municipios.

Como condimento, dentro de los reclamos que se pueden iniciar también están contemplados los de inequidad salarial, es decir aquel por el cual no se percibe el mismo sueldo por idéntica tarea.

Aunque desde el gremio detectaron áreas más sensibles como el de la salud -"hay agresiones en hospitales tanto por parte de jerárquicos y compañeros como por parte de pacientes", explicó Weisemberg- la violencia laboral se repite bajo distintas formas y en toda la administración pública de la provincia.

"Hay casos de degradación moral, relacionadas con la carrera, las capacidades personales, el signo político e incluso demuestran en alguna forma la falta de capacitación y formación de muchos jerárquicos", explicó Weisemberg.

La especialista relató que "la violencia u hostigamiento moral (mobbing) tiene que ver con el ejercicio del poder, no sólo de alta jerarquía sino también de algún colega que tiene mayor información o, un caso concreto, acceso a una computadora que no le deja usar a su compañero, que termina siendo un parásito dentro de la oficina", graficó.


Poner el cuerpo
Tanto para la Justicia laboral como para la gestión gremial se trata de temas novedosos, muy poco tratados y cuya resolución exige aprendizaje y derribar barreras vinculadas con prácticas culturales. De hecho, algunos tipos de violencia generan problemas de salud y ausentismo que son difíciles de justificar porque salud laboral no las contempla como enfermedades. "Tenemos registrados casos de mujeres que sufrieron serios problemas ginecológicos o bien personas con depresiones, internaciones, gastritis, hipertensión, por estas causas", relató Weisemberg.

"En una ocasión fuimos a una dependencia de la cual habíamos recibido algunas denuncias y tomamos la presión arterial de sus empleados y comprobamos con asombro que el 75% de ellos tenía niveles por encima de los normales", ejemplificó Weisemberg sobre cómo el cuerpo es la caja de resonancia de presiones de todo tipo, que no necesariamente están vinculadas con el género.

Aunque hay una tradición que sitúa a las mujeres como las víctimas más frecuentes de violencia laboral, especialmente de acoso de tipo sexual por parte de sus superiores, el tema no es privativo del sexo femenino. "Las mujeres son relegadas a la hora de los ascensos, de los traslados, pero también pasan estas cosas con los hombres e incluso hay casos de acoso sexual hacia los varones por parte de mujeres, como también de hombres". En esos casos, ciertos "patrones culturales" actúan como limitantes para las denuncias. "Muchos hombres piensan que su machismo se vería afectado si declaran que son acosados por mujeres o personas de su mismo sexo", explicó la especialista.

Weisemberg explicó que aunque no trabajaron desde UPCN junto al gremio docente -que en rigor presentó diversos trabajos científicos sobre la incidencia la violencia en el quehacer cotidiano de los maestros- la nueva ley que está por reglamentarse beneficiará ampliamente a los educadores santafesinos. En la provincia existe un caso testigo que llegó a la Justicia pero aún no tuvo una resolución porque en 1996, cuando ocurrió, había un vacío legal al respecto.

La provincia también fue testigo de cómo el abordaje del problema aún no es el adecuado. Ocurrió en la Dirección de Comunicaciones de la provincia donde un grupo de empleadas de esa repartición acusó al entonces director subrogante Enrique Salvador Colom de "maltrato, actos reñidos con disposiciones legales o reglamentarios hacia el personal femenino además de un trato grosero que llegó a situaciones límite".

Al funcionario se le realizó un sumario administrativo e incluso el caso llegó a manos del juzgado correccional de la tercera nominación de Santa Fe. Como resultado, el denunciado fue trasladado a otra dependencia, la subsecretaría de Medio Ambiente.

Una muestra más de cómo el problema se traslada, junto al funcionario, en lugar de solucionarse, una metodología muy repetida especialmente en el ámbito de la fuerza policial.

De todos modos, para que la situación sea inscripta como violencia laboral debe ser sistemática y tener permanencia en el tiempo.

"Si tu jefe/a llega y no te saluda, no te da trabajo, invita al resto de tus compañeros a una reunión y te excluye, te modifica el lugar de trabajo como castigo, va horadando la autoestima de la persona, la corrompe, la degrada. Eso es lisa y llanamente violencia y en eso hay mucho de perversidad", dijo Weisemberg, quien explicó que desde la entidad gremial se trabajó en la elaboración del proyecto de ley tomando los fundamentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).


El ámbito privado
Precisamente ,un informe elaborado por la OIT denominado "Violence at Work" (Violencia en el Trabajo) de 1998, sobre el cual se basa un trabajo realizado por el docente universitario y asesor parlamentario de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Chartzman Birenbaum, revela que en la Argentina el 6,1% de los varones y el 11,8% de las mujeres indicaron haber sufrido agresiones en el lugar del trabajo en el último año.(ver aparte).

El informe del catedrático argentino publicado por la Asociación Civil Equipo Federal de Trabajo, indica que "en algunos lugares de trabajo y ocupaciones, como los taxistas, el personal de los servicios sanitarios, el personal docente, los trabajadores sociales, el servicio doméstico en países extranjeros o el trabajo solitario, sobre todo en los turnos de noche, existe un grado de riesgo ante la violencia mucho mayor que el correspondiente a otros ámbitos u ocupaciones".

Chartzman Birenbaum explica que "tanto los trabajadores como los empleadores reconocen cada vez más que las agresiones psicológicas son una forma grave de violencia".


Los costos laborales
El informe de la OIT "Violence at Work" menciona que "la violencia en el entorno de trabajo provoca una alteración inmediata y a menudo duradera de las relaciones interpersonales, la organización del trabajo y el entorno laboral en su conjunto".

Frente a eso los efectos son inmediatos. En los empleadores recae el costo directo del trabajo perdido y de la necesidad de mejorar las medidas de seguridad. Entre los costos indirectos se pueden citar la menor eficiencia y productividad, la reducción de la calidad de los productos, la pérdida de prestigio de la empresa y la disminución del número de clientes.

Una encuesta del Instituto Nacional de Seguridad en el Lugar de Trabajo de los Estados Unidos, indica que el costo total de la violencia en el trabajo fue en este país de 4.000 millones de dólares en el año 1998, cuando surgió masivamente el concepto de violencia laboral como objeto de estudio y análisis más pormenorizado.

En la Argentina aún no hay registros tan precisos de las pérdidas económicas que resultan de no abordar a tiempo un problema vinculado con el ámbito laboral.

Sin embargo, las empresas ya comenzaron a ponerlo en su agenda de prioridades. Por caso la semana pasada un grupo de diez compañías pymes de la región de distintos rubros y escalas de producción hicieron un análisis de sus materias pendientes sobre este tema y armaron planes de acciones a futuro.

Los costos. La violencia laboral afect a las empresas con caída de productividad y bajo rendimiento en la administración pública.