Los magistrados rosarinos culparon al gobierno por el estado carcelario

Dicen trabajar "al límite de sus fuerzas" y que desde 1976 en la ciudad no se abrieron más juzgados de sentencia

Maria Laura Cicerchia / La Capital

En medio de la polémica entre el gobierno santafesino y el Poder Judicial por la situación carcelaria, los jueces rosarinos salieron a responder con todo las declaraciones del titular de la cartera política, Roberto Rosúa. Este había reclamado que los magistrados apuraran los procesos para descomprimir los presidios de la provincia. Ahora el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la zona sur rechazó las acusaciones de morosidad y enumeró una serie de falencias de infraestructura que, según sus miembros, conspira contra una eficaz administración de justicia.

"Los jueces cumplen su función de acuerdo con la ley, con la celeridad y seriedad que los casos imponen, al límite de sus fuerzas físicas y psíquicas, atento al escaso número de juzgados, la falta de cobertura de las vacantes y la desbordante cantidad de trabajo que deben asumir", planteó el escrito de los jueces locales, firmado por el presidente de la entidad que los nuclea, Angel Félix Angelis.

Así, mientras la cuestión carcelaria sigue en el eje de la polémica, la Cámara Penal de Rosario implementó un relevamiento para establecer cuántos detenidos están a disposición de cada juez penal, cuánto tiempo llevan privados de la libertad y si en alguna de esas causas están vencidos los plazos procesales (ver aparte).

El pedido de informes no surgió en cualquier momento: se elaboró el mismo día que Rosúa dijo que la falta de espacio en los penales de la provincia no sólo obedece a un déficit de infraestructura, sino también a la demora de los jueces, que abusan de la prisión preventiva. Les recordó a los magistrados que en la provincia hay 2.600 presos con sus procesos abiertos y que muchos terminan absueltos, por lo que los exhortó a imprimir más celeridad a los expedientes para no lesionar derechos humanos. La medida de la Cámara apunta a crear un registro estadístico para saber si los enunciados de Rosúa se ven respaldados o no por los números.

El malestar que provocó en los jueces la indicación de Rosúa se palpa en los pasillos de Tribunales. En voz baja, los magistrados dicen que desde hace años reclaman por la cuestión carcelaria pero sin tensar la cuerda. "Cuando resolvíamos algún hábeas corpus por las condiciones de detención en comisarías dábamos plazos razonables", recuerdan.

Los jueces aseguran que, incluso, estuvieron dadas las condiciones para enjuiciar a algún miembro del Ejecutivo por el sistemático incumplimiento de órdenes judiciales contra el hacinamiento. Pero que esto no se hizo para no enturbiar el clima de "armonía" en el que se discutía el tema con el gobierno.

Que Rosúa haya tirado la pelota para el lado de los jueces generó resquemores. Ese disgusto se plasmó en el documento que el Colegio de Magistrados redactó ayer. Allí los jueces sostienen que el principal cuello de botella en la resolución de causas con detenidos se da en los seis juzgados de Sentencia que se reparten los procesados de 18 juzgados de Instrucción.

"El señor ministro sabe que en la ciudad de Rosario la cantidad de jueces de Sentencia permanece inalterada desde 1976. Conoce el señor ministro el aumento de la población que existió en ese lapso de tiempo y el incremento de la criminalidad. Lógica conclusión es la notoria insuficiencia de infraestructura con que se cuenta", dijeron desde el colegio profesional.

La entidad que nuclea a los magistrados y funcionarios judiciales recordó además su postura "en favor del mejoramiento del sistema procesal imperante" e hizo notar "que no es resorte de los jueces esa modificación". Sobre el final, el documento señala que el Colegio "lamenta profundamente las infortunadas declaraciones" de Rosúa, a quien invitaron a retomar el diálogo para tratar el tema carcelario.

Rosúa hizo su reclamo a los jueces penales luego de que dos fallos de magistrados santafesinos ordenaban al gobierno reducir la cantidad de presos en los penales de la capital provincial y le recordaban el deplorable estado de esos lugares. Al día siguiente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Rafael Gutiérrez, acusó al ministro de sacarse de encima el problema carcelario y arrojárselo a los jueces. Le recordó el aumento de causas penales, lo acusó de no discutir con honestidad y le recomendó dedicarse a construir cárceles.

En todas las comisarias rosarinas hay presos hacinados.