Al banquillo. El Juzgado Federal de Urso deberá probar si la concesionaria de la conexión a Victoria se benefició del Estado

La Fiscalía nacional denuncia que hubo delitos en el contrato del puente

La acusación recae sobre funcionarios de Menem que debían controlar la obra y un gerente de la firma

Silvina Dezorzi / La Capital

El Juzgado Federal en lo Penal Nº8 de Jorge Urso tendrá que investigar ahora las fuertes denuncias del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, sobre delitos cometidos en la concesión del puente Rosario-Victoria. Los ilícitos detectados incluyen administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, falsificación de documentos, violación de los deberes de funcionario y otras perlitas. Casi todos los delitos recaen sobre miembros del gabinete del ex presidente Carlos Menem -desde su último ministro de Economía, Roque Fernández, y dos subsecretarios de Obras Públicas, Máximo Fiorivanti y Raúl Costamagna, hasta los integrantes de una comisión creada ad hoc para controlar la obra-. Por el lado de Puentes del Litoral SA, la empresa concesionaria acusada de haberse beneficiado indebidamente a costa del Estado, el sospechado es el gerente financiero, Gabriel Hernández.

La denuncia de Garrido, presentada a la Justicia federal el 8 de junio pasado, tomó como bases importantes dos informes sobre el tema realizados en 2002 por la Auditoría General de la Nación (AGN) y en 2003 por la Sindicatura General de la Nación (Sigén), más otra auditoría que el Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) había encargado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

En cada una de esas auditorías ya habían sido detectadas irregularidades, todas en beneficio de la empresa que había ganado la concesión, Puentes del Litoral, y en perjuicio del Estado. El hecho es que las maniobras que llevaron a esa situación involucran básicamente a ex funcionarios nacionales de primera línea, nada menos que a un ex ministro de Economía, subsecretarios de Obras Públicas, asesores de esa cartera, miembros de la comisión transitoria que debía velar por el control de la concesión y otras figuras oficiales.

"Nos encontramos frente a un cuadro plagado de numerosas irregularidades que no pueden ser obviadas", afirmó el fiscal nacional, convencido de estar frente a ilícitos y defraudaciones de todo tipo.

Entre los delitos presumidos por Garrido figuran un "derrotero de prórrogas" injustificadas -básicamente en la acreditación de garantías financieras de la firma-, reducción del monto de esas garantías a gusto y piacere de la empresa, lentitud para aprobar los planes de obra e inversión, violación del principio de igualdad entre los oferentes al aprobar un cuarto carril gracias a un "desembolso millonario" del Estado, desprolija certificación de las obras que, pese a ello, también pagó en 43 millones de pesos el Estado y otras irregularidades .

Prima facie, del análisis surgiría que esas maniobras beneficiaron económicamente a Puentes del Litoral a costa de los dineros públicos. Pero eso sólo fue posible gracias a funcionarios, también públicos, que habrían "insertado un interés ajeno al propio del Estado", recuerda la Fiscalía.

Antes de especificar en qué figuras penales se encuadran a su juicio todas esas conductas y de sugerir pruebas, Garrido afirma que el simple análisis de la concesión revela "un proceso plagado de irregularidades desde su mismo inicio, afianzadas y fomentadas por los funcionarios públicos encargados de velar por el correcto y legal funcionamiento de la administración". También denuncia que la "fidelidad y lealtad" de funcionarios y no funcionarios "brilló por su ausencia".


Giustiniani: ¿rescindir el contrato?
El senador nacional socialista Rubén Giustiniani fue pionero en impulsar la investigación de la concesión a Puentes del Litoral y en denunciar "inacción del Estado, lo que redunda siempre en el incumplimiento de las empresas contratistas".

"Con estos tres informes tan sólidos y lapidarios, más allá del curso penal, el gobierno deberá actuar ahora", alertó ayer el legislador, convencido de que a "Puentes del Litoral no le correspondería seguir explotando el peaje" de la conexión vial a Victoria. Entre otras varias razones, "porque de la auditoría de la AGN surge muy terminantemente que en 25 años la firma nunca le va a devolver al Estado lo que le prestó para terminar la obra, nada menos que 52 millones de pesos".

Los delitos incluyen administración fraudulenta, falsificación de documentos y violación de los deberes de funcionario.