Campos bajo agua. El conflicto impositivo posterga la expropiación y demora las obras para resolver las inundaciones

Productores de La Picasa reclaman nuevas medidas para pagar sus deudas

Los chacareros piden la intervención del gobernador Obeid para destrabar las negociaciones con la API

Silvia Carafa / La Capital

Rufino.- Productores afectados por las recurrentes inundaciones que provocó la laguna La Picasa desde 1998 pidieron la intervención del gobernador Jorge Obeid a fin de solucionar los problemas que esa situación generó con la Administración Provincial de Impuestos (API). Sostienen que la ley de emergencia no da respuestas a los siete años de reclamos que llevan acumulados. "El tiempo generó una diversidad de situaciones que no están contempladas por las normativas vigentes, por eso pedimos una serie de medidas específicas", explicaron los portavoces desde la Sociedad Rural.

"Pretendemos que Obeid arbitre todos los medios a su alcance para regularizar las situaciones de los productores en emergencia agropecuaria, desde 1998 hasta diciembre de 2004", puntualizaron los afectados. El pedido incluye la condonación de deudas y beneficios impositivos y crediticios. También solicitan el revalúo fiscal para unidades productivas con desmejoras.

En una carta enviada a Obeid, la Sociedad Rural de Rufino pide su intervención ya que el problema suscitado repercute en los trabajos para solucionar la situación hídrica del lugar. "Las deudas interfieren en la expropiación, ya que para poder escriturar las parcelas hay que tener libre deuda, y al mismo tiempo, la falta de resolución de las deudas con la Api, posterga las expropiaciones", sintetizaron.

Según los afectados el problema tiene varios frentes: productores con certificados de emergencia intimados a pagar impuestos inmobiliarios vencidos, o bien, quienes no tramitaron dicho certificado pero pueden demostrarlo a través de las imágenes satelitales. Además, hay productores que continúan anegados con severas pérdidas en su capacidad productiva.

Después de los anegamientos provocados por el desborde de La Picasa en los últimos años, las unidades quedaron afectadas en distinto grado y manera. Así hubo productores que al tener emergencias agropecuarias consecutivas, sólo pudieron prorrogar el vencimiento de los impuestos. "En consecuencia tienen siete años sucesivos de deudas y esto impide regularizar las expropiaciones", explicaron directivos de la Sociedad Rural. Y solicitaron la condonación de dicho pasivo ya que las emergencias sin interrupciones deben ser consideradas como "desastre agropecuario".

Los pasivos generados con la administración provincial incluyen el caso de quienes por diversos motivos perdieron la situación de emergencia pero siguen inundados o con severas pérdidas en su capacidad productiva (salinización), y de aquellos que ante igual situación tienen campos que no serán expropiados.

Según los productores, la ley de emergencia agropecuaria no alcanza a dar respuestas a las distintas situaciones planteadas en torno al complejo problema que caracterizó durante los últimos años a dicha cuenca. "En principio la norma está pensada para atender a las situaciones en que un evento extraordinario de corta duración, como tornado, granizo, lluvias torrenciales, afecten temporariamente una región", comentaron. Y acotaron que para el caso de las inundaciones ocurridas entre 1998 y 2001, las medidas previstas en ese marco resultan "ineficientes".

"La extensión del problema del agua generó, en seis años, 12 decretos de emergencia consecutivos lo que implica una circunstancia estructural y no coyuntural", sostuvieron. Y destacaron que las áreas y sectores involucrados no sólo afectaron a la producción de los campos, sino que cortaron la ruta 7 y las vías del ferrocarril, hechos que produjeron un fuerte impacto en el sector comercial, industrial y en los núcleos urbanos involucrados.

La solución posible

Para los productores, la solución pasa por contemplar cada uno de los casos en particular, ya que los mismos pueden ser probados en forma fehaciente a través de las imágenes satelitales de distintos años. Además, proponen que se contemple una condonación de la deuda para las áreas que aún persisten anegadas y que fueron intimadas a pagar el impuesto inmobiliario. Para el caso en los cuales el agua se retiró pero produjo pérdidas en la capacidad productiva, se requiere un revalúo fiscal automático, enfatizaron.

Los productores tienen 7 años de deudas por las inundaciones.