Nuevo embate del gobierno al Poder Judicial

Al pedido de mayor celeridad procesal hecho por Rosúa, se sumó el reclamo de rever la figura de la prisión preventiva

A tan sólo 24 horas de que el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, hiciera un enfático pedido a los jueces penales para que trabajen con más celeridad en los procesos de aquellas personas privadas de la libertad para corregir un panorama que agrava la situación de los derechos humanos, el secretario de Estado de esa área, Domingo Pochettino, remarcó la línea de trabajo del gobierno provincial en materia penitenciaria y criminal. "El delito no se combate con más cárceles porque apostar a ellas es negativo y no nos eleva comos sociedad. Por eso debemos repensar la prisión preventiva que hoy actúa como figura de aplicación automática cuando se procesa a las personas".

Las palabras del funcionario se escucharon al quedar inaugurado ayer el Primer Encuentro Regional Interdisciplinario sobre Privación de la Libertad y Derechos Humanos, organizado por la secretaría que comanda Pochettino. Junto a él estuvieron Juan Carlos Maqueda, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Rafael Gutiérrez, titular del máximo tribunal santafesino; Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito; y el propio ministro Rosúa.

Un día antes de la reunión de ayer, fue el ministro de Gobierno el que dejó en claro que el déficit de infraestructura penitenciaria en la provincia, cuya resolución corresponde al Ejecutivo, es sólo una parte del problema de superpoblación que se vive en comisarías y cárceles santafesinas. La otra, manifestó Rosúa, es que las prisiones y cárceles están llenas porque los jueces demoran en resolver los expedientes.

En la misma sintonía, Pochettino recordó ayer que sobre un total de 4.584 detenidos en la provincia, 2.761 son procesados y en ese marco sostuvo: "No es con más prisión para más individuos como se habrá de solucionar el problema (del delito), tampoco con mayor expansión de un castigo fundado en la severidad y en el aumento del tiempo concebido en términos de privación de la libertad, sino pensando en cambios al modelo original que indudablemente se encuentra en una crisis terminal".

A su turno, Rosúa aceptó ser corresponsable de la política carcelaria de la provincia y y que "el atraso histórico en la construcción de nuevos sitios de detención ha provocado una superpoblación en cárceles, alcaidías y comisarías, cuya primera consecuencia es el hacinamiento". Pero aclaró que el gobierno de Jorge Obeid está operando en la emergencia con el fin de "superar esta pesada y angustiosa carga".

Finalmente, el ministro de la Corte Suprema de Justicia nacional, Juan Carlos Maqueda, dijo que el desafío que hoy enfrenta el sistema es "llevar los derechos de segunda generación (trabajo, educación y salud) al sistema penitenciario defendiendo los derechos humanos de los detenidos". Y recordó el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en referencia a la muerte de presos en la cárcel de Mendoza, que ordena imperiosamente "separar condenados de encausados".