"Lo sentimos, abuela, pero esto es un asalto"

"Es Joel Pucheta, lo conozco porque vive en mi barrio y es amigo de mi nieto". A pesar de que la ampliación digital de las imágenes iba en desmedro de su calidad, el dueño del departamento donde vivía y había sido asaltada Elvira Aronna de Mangiapane logró reconocer a uno de los ladrones filmados por la cámara de seguridad del edificio de Córdoba 1589.

El jueves 15 de agosto de 2002 a las 20.30 la anciana miraba televisión cuando sonó el timbre. Un muchacho que dijo ser Sebastián, nieto del dueño del departamento que ella alquilaba, quien la visitaba a menudo porque la consideraba como a una abuela. Aparentemente, unos amigos de este joven estaban al tanto de esa situación y cuando Elvira le fue a abrir la puerta a Sebastián, se encontró con Joel y su cómplice G.G., de 21 años. Y no alcanzó a encerrarse.

"Lo sentimos abuela, pero esto es un asalto", le dijeron. Según la propia Elvira relató, "dos muchachos de unos 20 años, uno rubio y otro morocho", la tiraron al piso luego de pegarle una trompada en el ojo derecho. La anciana fue golpeada hasta revelar adónde guardaba "la plata grossa": en una lata escondida en el dormitorio. Para no escuchar sus quejas de dolor, los maleantes amordazaron a la víctima con un pañuelo. Revolvieron todo, arrancaron los cables del teléfono y del portero y se fueron con 2.800 pesos. Elvira fue internada e incluso alcanzó a narrar lo que le había sucedido. Recibió tres puntos en el ojo derecho y fue medicada con antiinflamatorios por un cuadro hemorrágico digestivo. Pero las secuelas del ataque serían imborrables y un mes después, al haberse agudizado este último padecimiento, la mujer falleció.

A partir de las filmaciones del palier del edificio, se identificó a los ladrones. G.G. fue detenido en noviembre de 2002 y luego liberado por falta de mérito. En cuanto a Pucheta, quedó preso en mayo de 2003 pero meses después el juez de Sentencia Antonio Ramos lo absolvió por el beneficio de la duda. Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Penal revirtió ese fallo: si bien los jueces que lo condenaron creen que los jóvenes fueron a concretar un robo y no un homicidio, sostuvieron que el derecho no juzga las intenciones subjetivas sino los hechos concretos.