Privatizadas. El gobierno prepara el decreto para ejecutar las garantías de la concesión

Aguas: Ahora reflotan la posibilidad de nuevo inversor

Hammerly dijo que hay interesados en negociar con la empresa que se va. Rechazan causas de la rescisión

El gobierno provincial aseguró ayer que hay interesados en operar el servicio de agua potable en Santa Fe, un día después de que la empresa Aguas Provinciales enviara la nota de rescisión del contrato con el Estado santafesino. En el medio del "ajedrez judicial" que según el gobernador Jorge Obeid está jugando con la empresa, el nombre de Latin Aguas, una firma que trabaja en el mismo ramo en las provincias de Corrientes y La Rioja.

Se trata de una de los tantos escenarios posibles que, sin dar nombres propios, manejaron los distintos funcionarios que durante todo el día se refirieron a la retirada de Aguas Provinciales. El ministro de Asuntos Hídricos, Alberto Joaquín, señaló bien temprano que "no hay que dramatizar" el retiro de la concesionaria y aseguró que la provincia está en condiciones de asumir el control del servicio "salvo que Aguas intente transferirle las acciones a otra empresa". Poco más tarde, su colega de Obras Públicas, Alberto Hammerly, deslizó que "habría algunos grupos interesados en conocer el futuro de la empresa" aunque aclaró que la factibilidad de un traspaso dependerá "fundamentalmente de Aguas Provinciales".

En la misma sintonía se expresó el gobernador Jorge Obeid, cuando fue abordado por la prensa en ocasión del acto de apertura de sobres de la licitación para construir el acceso a la futura planta de Cargill en Villa Gobernador Gálvez. Al analizar los escenarios posibles para el servicio, opinó que "son varios y pueden pasar desde la transferencia del paquete accionario de la actual empresa a otra, una nueva concesión, la municipalización de los servicios o la asociación con grupos cooperativos".

"Mientras tanto, y por 90 días, la empresa se sigue haciendo cargo del servicio y se va transfiriendo la concesión a la provincia", dijo.

La alternativa del traspaso a un operador privado se manejó desde el mismo momento en que la concesionaria envió al gobierno la carta de intimación para que restablezca "la ecuación económico-financiera", bajo amenaza (finalmente cumplida) de retirarse. Los nombres que surgieron fueron los de Latin Aguas, una empresa dedicada a realizar obras de saneamiento en La Rioja y Corrientes, y también de un traspaso accionario entre los propios accionistas de Aguas, caso Aguas de Barcelona o Banco de Galicia. A medida que las negociaciones se fueron enrareciendo, surgieron otras alternativas, como la creación de un fideicomiso a administrar por el Banco Nación, o la carta de la Empresa Provincial del Agua (pensada para las localidades no concesionadas pero con posibilidades de extensión a las concesionadas), que sigue esperando turno en la Legislatura junto al mensaje que envío el Ejecutivo para la creación de un fondo fiduciario.

Por lo pronto, y frente al anuncio de rescisión del contrato por parte de la empresa, "por culpa de la provincia", el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) "tomó intervención" junto con la provincia en la empresa. En los hechos significa el comienzo de una auditoría sobre la caja y los bienes que tenía bajo la administración.

"De ahora en más se abre una serie de pasos, el gobierno tendrá que contestar, si la rescisión continúa, habrá que hacer un inventario y liquidar los créditos y débitos, luego seguirá con otro prestador", señaló el titular del Enress, Jorge Kerz.

Por lo pronto, los mosqueteros de Obeid en el caso Aguas se reunieron ayer por la tarde en la Casa Gris, junto al gobernador, para analizar los temas más urgentes: si se aceptan o no los términos de la rescisión del contrato que planteó la empresa y si se ejecutan o no las garantías. En el cónclave al que asistieron los ministros de Obras Públicas, Asuntos Hídricos y Hacienda, y la Fiscal de Estado, Igmar Lepeniés, fue esta última la que llevó la voz cantante.

La orden fue no aceptar la rescisión del contrato por parte de la compañía sino tomarla como una intención de rescisión en la que el gobierno tendrá la última palabra, y esperar a que el lunes llegue al despacho del gobernador el informe de la fiscal de Estado que será la base de un decreto que tendría que firmar Obeid para ejecutar las garantías de la concesión, unos 60 millones de pesos. De hecho, como dijo el jefe del Enress, la no renovación de las garantías es causal de rescisión del contrato.

Obei habló de Aguas en un acto licitatorio en V.G. Gálvez.