Cavallo dijo que hay una "operación"

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo afirmó ayer que la discusión por los sobresueldos durante el gobierno menemista es una "operación" para evitar el castigo de los funcionarios que se enriquecieron en forma ilícita, y aseguró que desde su cargo sólo cobró "gastos protocolares" por hasta 6.500 pesos. En una carta que publicó en su página de internet bajo el título "Siembran confusión para cosechar impunidad", el ex jefe del Palacio de Hacienda sostuvo que lo que se pretende es "validar" como argumento defensivo que muchos funcionarios incrementaron su patrimonio por la aplicación de la ley secreta 18.302.

"Los funcionarios interesados en enriquecerse a través de la función pública tienen gran interés en que la Justicia acepte este argumento. Quedaría impune para siempre cualquier delito de enriquecimiento ilícito", afirmó Cavallo.

En su primer pronunciamiento desde que fue citado a declaración indagatoria en la causa en la que se investiga el pago de sobresueldos durante el menemismo, el ex ministro dijo que hay una "confusión" respecto de una información que dio en 1992 al gabinete. Según Cavallo, él mismo dio directivas sobre cómo se debían declarar los "gastos protocolares" y no los "sobresueldos", y sostuvo que los primeros "se limitaron a cifras de hasta 6.500 pesos mensuales para los ministros, 5.700 para los secretarios y 4.900 para los subsecretarios".

Al respecto, recordó que tiempo después firmó el decreto 833/94 para instituir un "régimen transparente", pero reconoció que antes "predominó el criterio de evitar que ese reintegro de gastos tuviera difusión y el presidente (por Carlos Menem) decidió que se pagaran en forma secreta". "Los asesores legales de los órganos responsables de administrar los fondos de la ley secreta, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, el Ministerio de Justicia y la Procuración del Tesoro opinaron que ese encuadre legal era posible", remarcó.

Cavallo dijo que en ese momento consideró que "el mínimo ingrediente de transparencia aceptable era la obligación de incorporar el reintegro de gastos protocolares en la declaración de impuestos de cada funcionario", y que ese sistema funcionó desde 1991 hasta 1994, cuando salió el decreto y los gastos pasaron a ser públicos. "Es claro que los funcionarios que recibieron dinero por fuera del sistema legal vigente cometieron delitos y deben ser juzgados, pero no aquellos funcionarios que recibieron una retribución por su trabajo, y un reintegro de gastos vinculado con su función, dentro del marco legal y lo incluyeron correctamente en sus declaraciones juradas de impuestos", aseguró.