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lunes,
09 de
mayo de
2005 |
Desplazan a tres jefes de la URII por la adulteración de tableros de móviles
Los titulares de la Agrupación Cuerpos, el Comando Radioeléctrico y la Guardia de Infantería esperan un nuevo destino. A la 0.45 del sábado estuvieron en el galpón de Jefatura donde se perpetraba la maniobra
Tres jefes de la Unidad Regional II de policía fueron desplazados de sus cargos como consecuencia del escándalo desatado la madrugada del sábado en el mismo edificio de la Jefatura. Entonces, integrantes de la Asociación Profesional de Policías (Apropol) constataron en persona y con fotografías cómo se adulteraban los cuentakilómetros de los patrulleros asignados al Comando Radioeléctrico para disfrazar así el fraude con combustible que habían denunciado. Aunque ningún vocero de la policía rosarina quiso confirmar oficialmente los desplazamientos, anoche desde los más bajos estratos de la fuerza hasta las más acreditadas fuentes de la institución daban por hecho que los tres hombres en cuestión ya estaban "designados en la oficina de Personal y a la espera de nuevos destinos". Por su parte, el ministro de Gobierno santafesino, Roberto Rosúa, confirmó que habrá desplazamientos "por el ingreso de Apropol dentro de la Jefatura" y no por el fraude denunciado, tema sobre el cual esperará los resultados judiciales de la investigación.
Todo empezó el miércoles pasado cuando el secretario general de Apropol, Alberto Martínez, presentó ante la Dirección de Asuntos Internos de la policía una denuncia sobre el presunto fraude que se realizaba con combustible en los móviles de las fuerzas de calle. Y la madrugada del sábado, en un playón del predio de Ovidio Lagos 5250 comprobó (y registró fotográficamente) como se adulteraban los cuentakilómetros de los móviles allí estacionados para ocultar de esa manera el desvío del combustible asignado a las patrullas.
Fue en ese momento que en el lugar se hicieron presentes el número dos de la Jefatura, comisario mayor Héctor Hermida; el jefe de Orden Público, Ricardo Ruiz; el de la Agrupación Cuerpos, Miguel Angel Rodríguez; el del Comando Radioeléctrico, Hernán Brest; y el del Cuerpo Guardia de Infantería, Ricardo Grosso. Fueron estos tres últimos hombres los que desde ayer no están al frente de las fuerzas de calle y esperan un nuevo destino dentro de la fuerza.
Más allá de esa medida, el ministro Rosúa no ahorró palabras para dejar en claro que, a su juicio, lo más grave fue la aparición de Apropol -al que calificó de "grupo faccioso"- en Jefatura. "Hubo personal que no cumple funciones activamente que ingresó al predio violando elementales normas de seguridad. Este es un hecho gravísimo que debe ser sancionado por la Jefatura".
El ministro adelantó que hoy "el jefe de la Unidad Regional II", José Maldonado, "dará a conocer las sanciones y la nómina de los funcionarios que serán relevados, que serán todos los que tuvieron responsabilidad en el manejo de la seguridad" del predio de Jefatura. Esos policías serán sumariados y de la investigación resultante se determinarán los "distintos niveles de responsabilidad".
Rosúa no confirmó los relevamientos de Brest, Grasso y Rodríguez, aunque señaló que "seguramente los tres serán relevados de sus funciones, al igual que todos los otros que deberían haber ejercido los actos de seguridad y no lo hicieron". Y contra lo que sostuvo Apropol en su denuncia, señaló que el jefe de Orden Público, Ricardo Ruiz, "no estuvo en el lugar".
Respecto de cómo entraron los miembros de Apropol a la Jefatura la madrugada del sábado, el ministro dijo: "Todo parece indicar que entraron engañando a un chico de la guardia, que anotó el nombre del suboficial ignorando que estaba en disponibilidad".
En cuanto a lo que motivó la irrupción de Apropol, la manipulación de los tableros de cinco móviles policiales, dijo no tener los detalles. "Estamos esperando que (el juez) Suárez Romero nos pase los detalles. Si estos señores pusieron al descubierto un hecho ilícito, que lo investigue la Justicia, pero no podemos permitir que cualquiera entre a la Jefatura sin permiso", indicó.
Cambio de ejes
"Decir que las remociones se deben a que nosotros entramos al predio de Jefatura es desviar el eje de la cuestión e ignorar el verdadero tenor de la denuncia por fraude con combustibles", sostuvo el titular de Apropol en respuesta a las medidas anunciadas por Rosúa.
Martínez indicó que los cinco móviles ubicados en el sector de rampas "tenían que haber estado en servicio" y dijo tener "una versión" que indica que en otras dependencias de la Unidad Regional II "se habrían estado retocando cuentakilómetros". Asimismo, sostuvo que las maniobras denunciadas con el combustible "no pueden ser realizadas por un empleado cualquiera sin cobertura de los superiores ni guiños del poder político".
"Estas son operaciones sistemáticas y organizadas, al igual que las (investigadas en la Unidad Regional I) de Santa Fe. Lo tiene que saber la Jefatura provincial de la policía, la Subsecretaría de Seguridad y el Ministerio de Gobierno", disparó Martínez.
Por su parte, el titular de Asuntos Internos de la policía santafesina, Víctor Guardia, afirmó que "se está siguiendo estrictamente todo lo que indica el juez" de Instrucción Nº7, Eduardo Suárez Romero, con quien tiene previsto reunirse hoy. El funcionario indicó que, por orden judicial, se documentó el estado de los cinco móviles policiales que habrían sido manipulados.
Respecto de la participación del grupo sindical encabezado por Alberto Martínez, el titular de Asuntos Internos sostuvo que como varios de sus miembros están pasados a disponibilidad "no están en condiciones de realizar ningún procedimiento". Sin embargo, aclaró que eso no invalida su denuncia.
"Esos policías están suspendidos en sus funciones y, aunque siguen siendo empleados porque no se les dio la baja, no pueden realizar ningún procedimiento porque estarían sustituyendo a la autoridad. No obstante todo elemento que pueda ser aportado por cualquier testigo se incorpora a la investigación", explicó Guardia, para aclarar que depende del juez juzgar si los policías denunciantes cometieron alguna irregularidad. "En este momento lo que se está investigando es si hay irregularidades o no en la administración del combustible".
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Se modifican los kilómetros recorridos para "aumentar" el consumo de combustible.
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