Discriminación y reforma constitucional

El anuncio del embarazo de la princesa de Asturias ha reavivado en España la polémica sobre la necesidad de comenzar la reforma constitucional que termine con la preferencia del varón en la sucesión a la corona.

Esta modificación es una de las promesas electorales del gobierno de Zapatero y requiere un complicado proceso que pasa por disolver las Cortes. El primogénito de Felipe y Letizia ocupará, tras su padre, el segundo puesto en la línea sucesoria. Al nacer, heredará el título de Infante o Infanta de España, que mantendrá mientras sus padres sean príncipes de Asturias. Cuando se conviertan en reyes, recibirá el título de príncipe o princesa de Asturias, que está unido a la condición de heredero.

Con la actual norma, ese primer hijo de la pareja tendría garantizada la sucesión si naciese niño. Pero, si fuese niña, sólo llegaría a ser Jefa del Estado en el caso de que sea hija única o de que no tenga más hermanos varones, quienes le arrebatarían la prioridad en la sucesión y el título de príncipe de Asturias. La discriminación por razón de sexo nace de un precepto constitucional (artículo 57.1, Título II) que, en su programa electoral y posterior investidura, José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a modificar. El controvertido artículo establece la preferencia del varón en la sucesión en el trono.

El párrafo contradice uno de los enunciados clave de la carta magna, donde se garantiza la igualdad de los españoles ante la ley "sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión".

La polémica norma ya había beneficiado al propio príncipe Felipe, que fue designado heredero en lugar de la infanta Elena, primogénita de los reyes.

Como seña de identidad de sus planes de gobierno para esta legislatura, el Ejecutivo socialista incluyó reformas que afectan preceptos constitucionales: el cambio en la denominación de las comunidades autónomas, la adopción de la Constitución europea y la igualdad en la sucesión monárquica. El equipo de Zapatero piensa que la que afecta a la discriminación sexual de los miembros de la Familia Real será la que logre mayor consenso. Además, los partidos de la oposición se ha mostrado también a favor del cambio.

Sin embargo, el proceso es complejo, ya que este artículo se enmarca el núcleo duro de normas constitucionales. Para la reforma se requiere el apoyo de dos tercios de las Cortes, una disolución de las Cámaras, una nueva convocatoria de las Cortes que la ratifique y el respaldo de un referéndum.