Un informe del área de educación de la Defensoría señala que entre las demandas más escuchadas figuran las inequidades que producen la falta de una normativa clara

Piden que se garantice el libre acceso, permanencia y egreso a todos los alumnos

El defensor del Pueblo de Santa Fe recomendó a Educación provincial que revea el derecho de admisión que rige en las escuelas de gestión privada

Marcela Isaías / La Capital

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe resolvió recomendar al Ministerio de Educación provincial que disponga de los medios necesarios para que se garantice a todos los alumnos que asisten a las escuelas, tanto públicas como privadas, su libre acceso, permanencia y egreso. Aunque el pedido parezca insólito no lo es: en el caso de las escuelas de gestión privada, el derecho de admisión de los alumnos -según fija le ley que rige para el sector- se renueva anualmente; en tanto que no son pocos los casos que releva la Defensoría de estudiantes que por su condición de repetidores no son reinscriptos en los colegios donde hasta entonces venían cursando. Por otra parte, un informe del área de educación de la Defensoría señala su preocupación por el número creciente de chicos y adolescentes no escolarizados a tiempo.

Según señala el texto de la resolución que lleva la firma del defensor del Pueblo Carlos Bermúdez, se aconseja a la cartera educativa que dicte y dé a conocer a sus escuelas, la normativa pertinente que consagre, en consonancia con lo dispuesto por la ley nacional Nº24.195 (más conocida como ley federal) la prohibición de obstaculizar o discriminar irrazonablemente el ingreso y permanencia de los alumnos.

Además, se sugiere que "se regule expresamente la situación de los alumnos" que se ven necesitados "a repetir sus años académicos, de modo tal, que se priorice su mantenimiento dentro del establecimiento educativo en el cual se encuentren cursando, en orden a reforzar la coresponsabilidad de la comunidad educativa en el proceso formativo de aquéllos".

Si bien la resolución tiene origen en las reiteradas demandas que llegan a la Defensoría con reclamos de padres que no logran reinscribir a sus hijos en las escuelas por su condición de repetidores, entre otras causas, el determinante fue el caso difundido este año, por el cual un alumno de la Escuela Padre Claret no fue reinscripto -y de hecho expulsado- en su escuela por expresar una opinión que la institución no consideró propia.

Entre los considerando que el defensor plantea al Ministerio de Educación, deja ver su preocupación por el amparo que las escuelas de gestión privada hacen del derecho de admisión que les asistiría como propietarios de los establecimientos educativos, además del hecho de que el contrato entre el responsable del alumno y la institución sería anual.

En ese sentido, se remarca que el carácter privado no puede considerarse absoluto ya que "se trata de instituciones que requieren de la autorización otorgada por el Ministerio de Educación provincial para que los títulos que otorguen tengan validez oficial" y que además reciben subsidios que pueden oscilar entre el 40% y el 100% de su masa salarial.

Pero además, enfatiza en el "derecho de enseñar y aprender", mencionado en el artículo 14º de la Constitución Nacional. Y también se pregunta si ese derecho de admisión que se esgrime puede ser anual, ya que se debería entender que debería ser previo al contrato educativo y extenderse durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sobre todo porque se entiende que este proceso es continuo y de responsabilidad conjunta de padres, directivos y docentes, "razón por la cual, si existen dificultades ha de ser la comunidad educativa, junto con los progenitores, quienes deben afrontar la solución del conflicto y no, en forma unilateral, decidir la finalización del contrato".

Por otra parte, la resolución enviada al Ministerio provincial, denuncia como "anómala y perniciosa" la práctica de no aceptar a los alumnos repetidores. Entiende así el Defensor del Pueblo que "la institución educativa es coresponsable de tales traspiés" de estos alumnos y por eso mismo debe brindarles igualdad de oportunidades para permanecer en la escuela que los está formando, y no anteponer razones numéricas de falta de bancos.


No escolarización
Además de este derecho de admisión que esgrimen algunos establecimientos educativos, la no escolarización de alumnos en la etapa obligatoria de la enseñanza y las inequidades que produce la falta de una normativa clara y actualizada a la hora de reglar el trabajo de los docentes son los casos que encabezan el ránking de denuncias y pedidos de asesoramiento en la delegación Rosario de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, en materia educativa.

La responsable del área, Viviana Della Siega, no oculta su preocupación por la cantidad de chicos que aún a fines de abril buscan un lugar en la escuela. En especial se trata de los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) que pueden incorporarse a una escuela común. "Son muchos los padres que se acercan a buscar ayuda a la Defensoría", afirma Della Siega para enfatizar que si esto ocurre es porque no encuentran la respuesta necesaria en las instituciones escolares.

Para la asesora, uno de los motivos es la falta de herramientas que se advierten en el terreno escolar para entender algo tan necesario y complejo como es la inclusión. Y al respecto advierte sobre "el maltrato y discriminación" que muchas veces sufren los alumnos como consecuencia de estas carencias.

En este sentido, un informe que releva los casos atendidos entre marzo de 2004 y marzo de 2005 aconseja al Ministerio de Educación de Santa Fe "aumentar el número de docentes integradores" para atender a las carencias que sufren los chicos santafesinos, "sobre todo luego del deterioro sufrido en nuestro país en las últimas décadas" y "si se pretende una escuela respetuosa de las diferencias y capaz de potenciar las posibilidades de cada uno de sus alumnos".

Sin embargo, los casos de no escolarización no se limitan a los alumnos con NEE. Según señala Della Siega, también cuentan los de los 8º y 9º años de la EGB y aun de años anteriores. "Este es un tema gravísimo que requiere de una política de seguimiento integral para asegurar que la EGB -que es obligatoria- les sea garantizada a todos y todas", dice Della Siega. Agrega que también la Defensoría ha detectado numerosos casos de adolescentes que no pueden cursar el polimodal por cuestiones económicas, "por lo que el número de becas -que apoyarían estos estudios- aparece como insuficiente".

La especialista explica que el organismo -cuyo papel es velar porque los derechos de los ciudadanos sean respetados- ante estas demandas acompaña el pedido de los padres, llama a los colegios y generalmente se termina ubicando a los alumnos en una escuela, aunque esto implica un esfuerzo desmedido. Por eso, Della Siega señala que los supervisores deberían tener un papel más protagónico en estos casos.

"La primera obligación del Estado, del Ministerio de Educación, es asegurar que los chicos vayan a la escuela", concluye Viviana Della Siega al señalar un derecho que no siempre es atendido.

Por otra parte, también entran en el terreno de las demandas que llegan a la Defensoría local los casos de violencia escolar. Al respecto, Della Siega indica que se trata de mediar ante estos problemas, y en todo caso tener la habilidad pedagógica de aprovecharlos y convertirlos en hechos educativos.

En el informe donde se enumeran los casos más atendidos por la Defensoría se destaca el ofrecimiento de la mediación "como una instancia de resolución de conflictos" y que, con sus limitaciones, se entiende que "es una herramienta que el Ministerio de Educación debe contemplar en mayor escala para poder enfrentar de manera no traumática la multiplicidad de situaciones que se derivan del entrecruzamiento de relaciones que se producen en el interior de las escuelas".

El relevamiento realizado por la Defensoría local advierte sobre la falta de escolarización a tiempo de chicos y adolescentes.