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 sábado, 07 de mayo de 2005  
Normas poco claras, decisiones arbitrarias

La maraña de reglamentos, resoluciones y decretos que organizan el sistema educativo es tan compleja como indescifrable. No sólo el número atenta contra las posibilidades de gestionar con éxito y sin trabas una escuela, sino también la desactualización y contradicciones que caracterizan tales normativas. El resultado es, entre otros, una serie de inequidades en el trabajo docente y en la regulación de la vida institucional, cuestión que también afecta a los alumnos.

En este sentido, los escalafones docentes, especialmente los de escuelas medias e institutos terciarios, son los que encabezaron la lista de reclamos planteados a la Defensoría del Pueblo entre marzo del 2004 y marzo de este año. Según señala la responsable del área educativa de este organismo, Viviana Della Siega, "hay una demora excesiva en la resolución de los conflictos por parte de la Junta de Calificación Profesional Zona Sur, a punto tal que el año lectivo transcurre sin que la persona que se considera afectada en sus derechos obtenga respuesta alguna".

Tal como se indica en el informe, se advierte "una clara situación de injusticia en caso de verificarse el error en el escalafonamiento, ya que se ha privado a un docente de ejercer su derecho al trabajo de acuerdo con sus méritos, y de esto el Estado no se hace cargo".

Los argumentos que señalan desde la Junta a la Defensoría mencionan la falta de personal para atender mucho trabajo. "Esto amerita un análisis de la situación -dice Della Siega- por parte de la cartera educativa para dotar a esta área de los recursos necesarios". Pero, además, "corresponde una normativa que no dé lugar a dudas, directivas claras y la presencia de una supervisión eficiente que permita solucionar todos estos cuestionamientos sin tener que llegar a la presentación de recursos administrativos que atiborran la administración pública y que brindan escasa respuesta a las demandas".


Carpeta médica
Le siguen a este reclamo que llevan los docentes ante la Defensoría la necesidad de "revisar criterios que aparecen como arbitrarios y vulneran los derechos de los trabajadores de la educación". En esta definición entran los docentes titulares que a la hora de ingresar a la docencia cuentan con el apto absoluto dictado por el área de salud laboral, pero que por una enfermedad o accidente de trabajo se ven imposibilitados de estar frente al aula y obligados a realizar una tarea pasiva.

Sin embargo, para realizar esta actividad, que en el ámbito se llama tarea diferente, es necesario contar con cierta antigüedad en el cargo. Por ejemplo, la reglamentación fija 18 años de antigüedad para los docentes titulares para que la tarea diferente pase de ser transitoria a definitiva. En caso de que el docente enfermo o accidentado no cuente con esta antigüedad y una vez transcurridos los dos años realizando tareas diferentes corre el riesgo de ser cesanteado.

"Si bien desde el Ministerio de Educación provincial se trata de contemplar estas situaciones, a la enfermedad se les agrega a estas personas la angustia de la posibilidad del cese, en momentos en que la falta de trabajo es dramática".

También entran en la lista de los reclamos de maestros y profesores llevados a la Defensoría la obligación de realizar la carpeta médica cuando se cambia de un estado de revista o de cargo. Tal es el caso de los maestros que se titularizaron luego de muchos años de trabajo frente al aula y se les pide realizar una nueva carpeta médica desconociendo que en ese tiempo de trabajo pueden haber contraído una enfermedad propia de la profesión, por ejemplo. En esos casos, salud laboral cambiará el apto absoluto inicial por un apto relativo poniendo límite así a las licencias necesarias por razones de salud.

No faltan en el listado de reclamos las injusticias generadas por la ley de titularizaciones por decreto realizadas en el 2001. "Esto ocasionó un desmadro en el sistema", piensa Della Siega, y cita como ejemplo que la ley aún no terminó de aplicarse a toda la docencia, y que además desconoció el derecho de muchos maestros con mérito para hacerlo de elegir el lugar donde titularizarse.
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Piden que se garantice el libre acceso, permanencia y egreso a todos los alumnos



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