El contenido del informe sobre Coronda

La comisión nacional quiere que entidades civiles controlen la cárcel. Recomienda ampliar los talleres de trabajo y crear un área de educación. También reorganizar la asignación de tareas al personal penitenciario

Un incremento sustancial de la guardia en relación a cantidad de presos, la incorporación de entidades de la sociedad civil para monitorear el funcionamiento interno, el robustecimiento de las áreas de trabajo para los reclusos y la formación de un cuerpo especializado para la requisa son las directivas más sobresalientes del informe entregado al gobierno provincial por la comisión enviada la semana pasada por el gobierno nacional a la cárcel de Coronda. El documento destaca que de no adoptarse las medidas propiciadas persistirá "un riesgo latente" de reiteración de situaciones como las que hace 20 días costaron las vidas de 14 internos.

Los miembros de la comitiva le advierten a la provincia que existe una relación directa entre el esclarecimiento de las causas de la matanza y la credibilidad en el Sistema Penitenciario (SP), "incluyendo la legitimidad de sus autoridades y agentes.

El contenido del informe fue valorado positivamente por el director del SP, Fernando Rosúa, quien no interpretó el documento como un llamado de atención sino como un respaldo a su gestión. "Coincido absolutamente con los puntos del informe. Creo que están dentro de los objetivos que nos habíamos planteado. Nos da fortaleza, porque plantea que tenemos la misma línea de pensamiento que la Nación", observó el titular del SP, quien destacó el apoyo "verbal y presupuestario" del ministro de Justicia Horacio Rosatti (ver aparte).

La primera recomendación de los emisarios del Ministerio de Justicia y la Jefatura de Gabinete es incrementar el número de guardias en relación a la población de internos. Respecto del personal penitenciario, prescribe como imprescindible integrar a la mayor jerarquía del SP con los mandos intermedios que cuentan con mayor experiencia para fortalecer la cadena de mandos.


Especialistas en armas blancas
La revisación del ámbito donde están los internos para detectar elementos punzantes debe ser realizada por un equipo especializado en la actividad. Para ello la comisión sugiere que las requisas sean filmadas por cámaras fijas o móviles tanto para resguardar derechos y prevenir abusos.

Otra de las propuestas es la elaboración de dos manuales. Uno de procedimientos internos de los agentes dentro del penal, para dotar de legalidad sus actos. Otro de contingencias, para actuar en caso de motines, incendios y reyertas entre internos.

La comisión recomienda una reorganización de personal que reasigne a los empleados de mayor experiencia y edad a los pabellones donde se encuentran los internos con mayores problemas de conducta y a los de menor edad para tareas logísticas como control de la circulación interna. También incrementar la capacitación que ya se imparte y crear una unidad de asuntos internos para investigar casos de corrupción o abusos.

Postula además que, junto a la participación de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo, entidades de la sociedad civil participen del control de la vida dentro del penal. Entre éstas destaca a instituciones educativas y organizaciones sociales para realizar una supervisión regular y persistente.

La educación y el trabajo tiene especial ponderación. Recomienda ampliar horarios y producciones en los talleres de la cárcel, que cuenta con una panadería, una carpintería, una herrería y un taller textil con capacidad para 250 internos. La comisión destacó que la crisis paralizó todas las áreas excepto la panadería, donde trabajan 25 internos. Y que es recomendable avanzar en la reapertura de los otros talleres y que éstos trabajen en doble turno. Las debilidades detectadas en esta área tienen que ver con carencia de espacio para desarrollar más talleres y falta de maestros y de personal para realizar las actividades.

Incrementar la actividad textil y la producción de alimentos, asignar parte del personal penitenciario para que se incorpore al área de trabajo y habilitar más talleres es otra de las consignas. También acciones de laborterapia y tareas solidarias. Ponen como ejemplo que en 10 unidades federales 120 internos producen libros de lectura en lenguaje braille.

También hay directivas para crear un departamento de educación en el SP, ampliar los espacios para esas tareas, incrementar el número de alumnos y alfabetizar a todos los internos que sean analfabetos.

En la conclusión los visitantes remarcaron que la observación de las condiciones de detención y su compatibilidad con los estándares internacionales es una política de Estado del gobierno argentino.

Fernando Rosúa valoró positivamente el informe de la comisión.