Otro frente abierto. El prelado, ratificado en su momento por el Vaticano, ahora es investigado por la Justicia

Kirchner relevó al obispo castrense y tensó la relación con la Iglesia

El gobierno finalmente oficializó ayer por la mañana lo que se preveía en los últimos días. Le retiró su aval, su sueldo y virtualmente su cargo al obispo castrense, Antonio Baseotto, quien había desatado la ira oficial cuando, en medio de una polémica sobre el aborto, sostuvo que al ministro de Salud, Ginés González García, había que "atarle una piedra al cuello y tirarlo al mar", una metáfora que figura en las Escrituras, pero a la que le dio un aire de literalidad. Ahora, las grietas entre la Rosada y la Iglesia parecen ahondarse y el final es imprevisible.

Paralelamente, la Justicia federal ordenó al titular de la cartera sanitaria remitir a los tribunales la carta original en la que el vicario escribió su deseo de "tirarlo al mar".

El anuncio fue realizado en la Casa de Gobierno por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el canciller Rafael Bielsa y el secretario de Culto, Guillermo Olivieri. Como preludio tuvo una reunión cumbre con el presidente Kirchner, para la firma del decreto. "El acuerdo se cayó", arrancó su explicación el jefe de ministros.

Fernández atribuyó la decisión a las declaraciones de Baseotto que, dijo, "se convirtieron en alegorías con connotaciones muy fuertes porque básicamente sus expresiones recordaron que se debía hacer algo muy parecido a lo que ocurrió en los años negros de la Argentina cuando se hacían los vuelos de la muerte".

Ese acuerdo es el que deberán buscar ahora el oficialismo y la Iglesia para que haya un nuevo obispo castrense, con la propuesta de la curia de un nuevo nombre. Y lo intentarán en un clima pesado. Baseotto puso las relaciones entre el gobierno y el Vaticano en un punto crítico.

Se trataba de un caso particular: su designación es facultad de Roma, pero tiene atribuciones de subsecretario de Estado y recibe un sueldo de $5.000 mensuales que paga la Nación. El lunes, la Santa Sede lo confirmó al frente del Obispado y rechazó un pedido de la Cancillería - por precisas instrucciones del presidente- para que se lo removiera del cargo.

El propio Fernández, al anunciar la decisión de retirar la confianza a Baseotto, dijo que "no significa nada" en la relación con la cúpula eclesiástica. Pero el conflicto está planteado.

Y puede bifurcarse incluso con rumbos inesperados. Baseotto había sido propuesto con vehemencia en 2002 para el cargo por el entonces presidente: Eduardo Duhalde.

Mientras, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, no dio una posición definitiva sobre la despenalización del aborto y afirmó simplemente que "la discusión sobre el tema en algún momento se tendrá que dar en la sociedad argentina". De todas maneras, deslizó que hay "posiciones hipócritas" al respecto y bajó el tono a las posturas del ministro Ginés González García, al asegurar que "creer en la despenalización no lo transforma a uno en abortista".

Cerca del mediodía, Fernández fue -junto al canciller y el secretario de Culto, Guillermo Olivieri- una de las tres caras del gobierno que anunciaron la decisión de dejar sin aval al obispo castrense. Poco después, el jefe de Gabinete se refirió entre otros temas al del aborto, que disparó buena parte de la polémica entre Baseotto y el ministro de Salud.

"La discusión sobre la despenalización del aborto -afirmó Fernández- me recuerda a la que se dio en su momento sobre el divorcio, cuando había más de 3 millones de parejas irregulares porque no se aprobaba la ley". Y agregó: "Por ese entonces, yo solía reflexionar que autorizar un segundo matrimonio no quería decir hacer obligatorio al divorcio, así como despenalizar el aborto no quiere decir hacer obligatorio el aborto".

Fernández opinó también que el debate "se tendrá que dar en algún momento en la sociedad argentina", aunque aclaró: "No sé si ese momento es ahora".

El despido del obispo generó posturas encontradas en la Cámara alta. Las senadoras justicialistas Silvia Giusti y Liliana Negre de Alonso expresaron posiciones diferenciadas respecto de la decisión del gobierno nacional de retirarle el aval a Baseotto.

Mientras la chubutense Giusti consideró que la postura del presidente "no es un tema para discusión", Negre de Alonso dijo que la decisión de la Nación es "desmesurada".

Anoche se supo que la Justicia federal ordenó a González García remitir a los tribunales la carta original en la que el obispo escribió que quienes "reparten profilácticos a los jóvenes merecen que les cuelguen una piedra de molino al cuello y los tiren al mar".

El juez federal Ariel Lijo hizo lugar a un requerimiento del fiscal Paul Starc, que promovió la acción penal contra el obispo y, como medida de prueba, solicitó la incorporación de la carta al sumario. La misiva, que se ha convertido en un documento en el proceso penal a Baseotto por posible apología del delito, está fechada el 17 de febrero pasado.

En Córdoba, en tanto, la Justicia tramita una sumario contra el ministro González García que se sustenta en la denuncia que presentó la organización no gubernamental Portal de Belén por entender que el funcionario promueve el "homicidio del aborto", tal como ha sostenido Baseotto.

Baseotto cobraba del Estado un sueldo de 5 mil pesos mensuales.