Otro frente abierto. Inquietud por la reacción que podría llegar desde Roma

Historia secreta de una polémica convertida en conflicto diplomático

Kirchner se enfureció con la ratificación vaticana yhasta amenazó con disolver el Obispado Castrense

Guillermo Villarreal

Comenzó siendo una polémica puntual entre el obispo castrense, monseñor Antonio Baseotto, y el ministro de Salud, Ginés González García, por la despenalización del aborto y el reparto de preservativos entre los jóvenes. El presidente Néstor Kirchner transformó el entredicho en un conflicto diplomático al pedir públicamente a la Santa Sede la remoción del prelado militar. El nuncio apostólico, monseñor Adriano Bernardini, aportó lo suyo al comunicarle verbalmente la negativa del Vaticano al ministro de Defensa, José Pampuro, cuando en realidad el canal más lógico era la Cancillería y por escrito.

El conflicto amenaza con devenir en una crisis sin precedentes entre la Iglesia Católica y la Casa Rosada si desde Roma se malinterpreta la decisión del gobierno de Kirchner de despojar a monseñor Baseotto de sus atribuciones y dejarlo virtualmente fuera de cargo.

Desde Balcarce 50 se evaluó como "una derrota" la ratificación del obispo emanada por la Santa Sede, por eso el jueves por la noche se trabajó intensamente en la búsqueda de una solución "no traumática" para el caso.

Una calificada fuente explicó que la decisión presidencial fue "eminentemente política", con todos los riesgos que eso conlleva, ya que el primer mandatario descartó otras opciones jurídicas o diplomáticamente correctas.

Asimismo, reveló que el jefe del Estado desestimó -por consejo de sus allegados- eliminar las capellanías de todas las dependencias militares e incluso deslizó la posibilidad de "disolver" el Obispado Castrense.

Se trataba esta última de una alternativa de máxima que hubiera implicado desconocer el concordato firmado entre la Argentina y la Santa Sede en 1957, y ratificado en 1986 y 1992, cuando se le dio jerarquía de diócesis al entonces Vicariato Castrense.

El acuerdo conforma un complejo entramado legal que obliga a compartir responsabilidades y obligaciones (nombramientos, sostén económico, lineamientos pastorales) en relación con el particular estatus de esta jurisdicción eclesiástica que abarca a los hombres de armas en todo el territorio nacional.

No obstante, las fuentes reconocieron que los colaboradores del presidente debieron frenar esa reacción epidérmica de Kirchner para evitar una "casi segura" ruptura de las relaciones bilaterales.

En esa tarea estuvieron el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, y el secretario legal y técnico, Carlos Zanini, quienes le propusieron, en cambio, derogar el decreto que en 2002 firmó el ex presidente Eduardo Duhalde para autorizar la designación de monseñor Baseotto.


Sin sede ni sueldo
La opción elegida finalmente por el presidente convierte desde ayer a monseñor Baseotto en un obispo sin sede y que, en forma colateral, recalienta la interna entre los dos máximos referentes del Partido Justicialista.

También lo alentaron -como finalmente se hizo- a quitarle a Baseotto el rango de secretario de Estado, con la consiguiente pérdida de sueldo (cinco mil pesos) y recursos económicos para el Obispado, que lo limita a priori en su grado de acción pastoral.

No obstante, le observaron la idea de impedirle el ingreso a los cuarteles, con el argumento de que podría incurrir en discriminación religiosa.

Mientras tanto el Episcopado -que no defendió explícitamente al obispo pero reiteró la doctrina de la Iglesia Católica contraria al aborto- no opina y mira de reojo la crisis hasta que baje la "efervescencia mediática" del tema.

Sin embargo, uno que otro prelado confió en que hubo cierto malestar por la urgencia gubernamental para sacarse de encima a Baseotto y por no respetar los "tiempos vaticanos", especialmente cuando -al entender eclesiástico- el pedido de renuncia no se encuadraba en ninguna de las causales que establece el Código de Derecho Canónico. También lamentaron que Kirchner se haya apresurado en su reclamo a la Santa Sede ya que el propio monseñor Baseotto había solicitado su traslado ante sus constantes diferencias con la máxima autoridad política del país.

Incluso había pedido un obispo coadjutor con derecho a sucederlo que, como marca la legislación para estos casos, debía ser aprobado y refrendado por el presidente.

Se trataba de un camino más viable en la burocracia eclesiástica, donde prima el concepto de promover para remover y no el de desplazar para escandalizar.